Cataluña: buscar soluciones

Los españoles están viviendo con incertidumbre el conflicto territorial abierto por la iniciativa independentista planteada en Cataluña. Un dirigente socialista me dijo hace tiempo que el tema territorial está en el ADN de los españoles y que se reabría, con mayor o menor crudeza, cada cierto tiempo.

Hace 35 años la Constitución Española dio una respuesta razonable al problema, al diseñar un modelo territorial, el Estado autonómico, abriendo un proceso de descentralización política sin precedente en nuestra historia. El Estado autonómico ha sido un éxito de nuestra democracia. Alfonso Guerra, en una reciente entrevista en EL PAÍS, decía que los partidos nacionalistas aceptaron hace 35 años este modelo, renunciando al derecho de autodeterminación. El tiempo, ha demostrado que, el problema de fondo subyace, alimentando las reivindicaciones de los nacionalistas.

La decisión de Artur Mas de convocar un referéndum para que Cataluña pueda decidir convertirse en un Estado independiente ha reabierto, con mayor gravedad, el conflicto territorial. La iniciativa de Mas es irresponsable y tenemos el derecho a pensar que actúa en el escenario político como una cortina de humo ante los problemas económicos y sociales provocados por los recortes y ajustes del Gobierno catalán. Ha servido para tapar el análisis de las causas profundas de la crisis, de sus verdaderos responsables, y a extender un velo de confusión sobre las políticas antisociales de la Generalitat.

Pero, más allá de la iniciativa del presidente catalán, el problema de fondo existe: un sector importante de la sociedad catalana comparte un sentimiento independentista. No voy a referirme a la gestión del Estatuto de Cataluña y a la sentencia del Tribunal Constitucional, pero sí señalar que el anticatalanismo y el antiespañolismo han alimentado aquel sentimiento. La “teoría del expolio” de Cataluña por España —el foroEspaña contra Cataluña, una mirada histórica es una buena muestra— y la catalanofobia desatada por sectores de la derecha española representan claros ejemplos. En este contexto, quiero aportar algunas reflexiones:

1. Tengo serias dudas, de que el referéndum vaya a celebrarse. Mucho menos en un contexto de ilegalidad constitucional. Y veo imposible un acuerdo con el Gobierno para su autorización, no solo por razones constitucionales, ya que atentaría contra el artículo 2 de la CE, sino también por razones políticas que, son tan obvias como evidentes.

La decisión sobre la consulta está conduciendo a Mas a un callejón sin salida

2. Las dos preguntas para el referéndum no eliminan estas dudas. Están en la senda de la fuga hacia delante de Mas y los nacionalistas. Inducen a la confusión de los ciudadanos y más bien parecen responder a las diferencias internas de los partidos que apoyan el referéndum sobre el derecho de autodeterminación.

3. Estamos asistiendo a posiciones de enroque tanto del presidente del Gobierno como del presidente de la Generalitat. La fuga hacia adelante de Mas no puede ser excusa para una actitud inmovilista de Rajoy: el problema no se soluciona dejando pasar el tiempo. Haya o no consulta, el problema continuará estando ahí.

4. La decisión sobre la consulta está conduciendo a Mas a un callejón sin salida. Se ha visto desbordado por la presión cívica que él mismo ha provocado. Da la impresión de que ha perdido el control de la situación y se suma a la dinámica impulsada por la Asamblea Nacional de Cataluña. La experiencia ha demostrado que, cuando haces una determinada política que no ha sido históricamente la tuya, la gente prefiere el “original” a la “copia”, lo que explicaría la intranquilidad de muchos dirigentes de CiU ante el ascenso electoral de quien tiene el “pedigrí” independentista, ERC.

5. La fractura existente entre los catalanes evidencia que una buena parte de esta no quiere la independencia y prefiere que Cataluña siga jugando un papel importante en España y con esta en el proceso de construcción europea. Ahora bien, estos ciudadanos se han encontrado desasistidos. Tienen dificultades para encontrar un referente político que pueda encauzar esta corriente cívica. No lo es el PP catalán por su marginalidad en Cataluña ni Ciutadans por su carácter minoritario y la ausencia de un proyecto de Estado. La pregunta surge de inmediato: ¿puede serlo el Partido Socialista de Cataluña (PSC)? Creo que puede y debe serlo, a pesar de todas las dificultades y errores. EL PSC ha sido mucho tiempo el partido mayoritario, ha representado y representa los intereses de las capas más débiles, tiene una clara trayectoria catalanista, participa junto al PSOE en un proyecto de España que apuesta por soluciones federales al problema territorial y mediante la clarificación de sus mensajes y propuestas está avanzando en el reto de recuperar la centralidad en el seno de la sociedad integrando a todos los catalanes.

Es necesario, en fin, restablecer los vínculos entre catalanes y el resto de los españoles como parte de la solución del problema. Que todos nos sintamos respetados y queridos. Sobra la amenaza y el chantaje por parte de nadie. Nadie puede eludir su responsabilidad y, al hablar de referentes políticos, es fundamental el papel del Gobierno y del PSOE. Deben ponerse de acuerdo y enviar un mensaje esperanzador a los catalanes. Hoy existen escasas condiciones para ello. Pero lo que hoy aparece como imposible puede dejar de serlo: es cuestión de política. El Gobierno debe tomar la iniciativa. Cuando Rajoy alega que no reforma la CE porque los nacionalistas siempre quedarán insatisfechos está trasladando un mensaje negativo a los catalanes: la CE como instrumento de enroque y cierre. Pero la CE es la clave de la solución del problema, pero solo lo será a través de su reforma federal, dialogada y consensuada, como nuevo lugar de encuentro de territorios y de ciudadanos.

Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía, es diputado por Cádiz.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/12/12/opinion/1386875862_690757.html

Reformar la Constitución

Está fuera de toda duda que el 9 de noviembre de 2014 no se va a celebrar el referéndum propuesto el pasado jueves por el presidente de la Generalitat. La competencia para convocar un referéndum pertenece al Estado y tendría que ser, por tanto, el Consejo de Ministros el que diera el primer paso para que el referéndum pudiera celebrarse. El presidente del Gobierno ya ha anunciado que no existe siquiera la posibilidad que dar ese paso pueda ser tomada en consideración.

También creo que está fuera de toda duda que la voluntad que empezó a constituirse en la sociedad catalana tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de autonomía no va a desaparecer porque no pueda expresarse en referéndum, convocado por el Estado. El contenido exacto de esa voluntad lo desconocemos, porque para ello sería necesario que se celebrara el referéndum, pero tenemos suficientes indicios para llegar a la conclusión de que la fórmula Constitución / Estatuto de autonomía, que es la que el Gobierno sigue ofreciendo a los ciudadanos de Cataluña para su integración en España, ya no es aceptada de manera muy mayoritaria por ellos. Los resultados electorales de estos tres últimos años y los datos que ofrecen todos los estudios de opinión son suficientemente inequívocos y expresivos. La norma va en una dirección. La realidad en otro.

Nos encontramos, pues, ante un problema materialmente constituyente, en cuyo origen hay siempre una tensión entre derecho y política, entre legalidad y legitimidad. El derecho no permite la celebración del referéndum propuesto por la Generalitat. La política exige, si no la celebración del referéndum, sí que se abra camino a una fórmula distinta a la Constitución / Estatuto de autonomía para resolver el problema de la integración de Cataluña en España.

Con base en la Constitución no se me ocurre otra salida que la de la reforma de la Constitución. La sociedad española no ha sido capaz de enfrentarse hasta la fecha en sede constituyente con el problema de su articulación territorial. O ignoró el problema en el siglo XIX o lo resolvió en los dos procesos constituyentes del siglo XX mediante la remisión de la Constitución a los Estatutos de autonomía. Esta fórmula ha dado ya de sí todo lo que podía dar de sí, como la experiencia de las últimas reformas estatutarias ha puesto de manifiesto.

La sociedad española tiene que coger el toro de su articulación territorial por los cuernos e intentar resolverlo mediante la definición de la estructura del Estado en la propia Constitución. Tal vez el callejón sin salida en que se ha convertido la integración de Cataluña en España con base en el actual bloque de la constitucionalidad pueda ser una buena ocasión para hacerlo.

fuenteshttp://politica.elpais.com/politica/2013/12/13/actualidad/1386954300_165439.html

La igualdad no es un valor

Por Olga Jornet | Portada | 12.12.13

¿Qué me dicen de esto?: “La ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos”. Bueno, nos lo podríamos tomar como una mera advertencia, pero quizá no estaría mal tenerlo en cuenta cada vez que vemos asomar unas tijeras amenazantes, ¿no creen?
Estas palabras, que pertenecen a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, nos las recuerda Ricardo García Manrique, en el primer capítulo de su libro La libertad de todos(El viejo topo, 2013). Un libro en el que este profesor de Filosofía del Derecho de la UB habla de la libertad de todos los días, la que no se escribe con mayúsculas, la que está ligada a esos parientes pobres de los derechos humanos que son los derechos sociales.

Ricardo García Manrique | Foto: Rosa Font

El subtítulo de tu libro, Una defensa de los derechos sociales, está a la orden del día con la que está cayendo…Pues yo creo que sí, porque los derechos sociales son los que más sufren en estos tiempos de crisis económica y de hegemonía liberal y, por tanto, los que requieren mayor defensa. ¿Qué es lo que serecorta día sí y día también? Precisamente los derechos sociales, esto es, la educación, la sanidad, los salarios y demás condiciones laborales, etc. Por supuesto, esto no significa que sean los únicos derechos amenazados, y ahí tenemos el proyecto de ley de seguridad ciudadana del gobierno español, que ataca y reduce varias libertades públicas y que por esta razón ya ha sido cuestionado por el Consejo de Europa. De una forma o de otra, cualquier derecho fundamental refuerza la posición de los ciudadanos y limita correlativamente a los que detentan el poder político y el económico, y de ahí la permanente tentación de reducir su alcance.

Cuando hablamos de derechos fundamentales en general no suele aparecer la palabra mercado en el discurso, excepto cuando el debate se centra en los derechos socialesEs cierto, y a mi juicio esto significa que no nos tomamos del todo en serio el carácter fundamental de estos derechos. Porque si algo se protege a través de esa técnica jurídica que llamamos derecho fundamental es porque se considera que ese algo es tan importante como para asegurar su disfrute por parte de todos los ciudadanos en pie de igualdad y no que unos puedan tener más y otros menos de ese algo. De aquí sigue que se trata de bienes que no pueden comprarse ni venderse, porque su disfrute no puede depender de la capacidad económica de cada uno. Esto sucede, en efecto, con los derechos civiles y los derechos políticos. En cambio, cuando de derechos sociales se trata, solo se aseguran unos mínimos a toda la ciudadanía, pero sigue siendo posible comprar más o mejor de lo mismo en el mercado (más o mejor educación o sanidad, por ejemplo), con lo que no es cierto que los ciudadanos sean tratados igualmente en relación con aspectos tan importantes de su vida como esos. Y esto contradice la lógica propia de los derechos fundamentales.

Uno de estos, por ejemplo, es que todos tenemos derecho a un voto en las eleccionesClaro, y no se permite que, además, se puedan comprar más votos en el mercado, porque creemos que eso contradiría la igualdad política que está inscrita en la idea misma de los derechos. A nadie se le ocurre que las libertades públicas se garanticen por la vía ciudadana solo hasta un cierto punto y que luego podamos adquirir cantidades adicionales de libertad, porque las libertades están sustraídas del tráfico mercantil. En cambio, a la mentalidad liberal que inspira nuestra práctica política y nuestro sistema jurídico no le sorprende que, en materia sanitaria o educativa, solo se garanticen unas prestaciones básicas y que luego los más pudientes, si quieren, estén en condiciones de comprar educación y sanidad privadas, generando una desigualdad evidente e injusta. Y de otros derechos sociales todavía menos protegidos, como el de la vivienda, ¿qué decir? Nadie duda de lo importante que es tener un sitio adecuado para vivir y, sin embargo, permitimos que mucha gente no lo tenga y en cambio miles de viviendas permanezcan vacías.

Pues el negocio que hay entorno a estos derechos no es precisamente pequeño…Desde luego, y acaso por ese motivo se renuncia a garantizar la vivienda como un derecho, porque supondría el final de por lo menos buena parte del negocio inmobiliario; pero si algo es realmente importante para llevar una vida decente (y nadie duda de que la educación o la sanidad o la vivienda o ciertas condiciones laborales son importantes en ese sentido), entonces ese algo no debería poder ser comprado o vendido o negociado, sino que debería garantizarse con carácter general. De un modo muy distinto, si la futura ley de seguridad ciudadana acaba por recortar algunas de nuestras libertades públicas, lo hará para todos igual. Será seguramente injusto porque seremos menos libres de lo que deberíamos, pero más injustos todavía son los recortes de los derechos sociales, porque cuando se recorta la educación o la sanidad solo se hace para algunos, no para todos, no para los que tienen medios suficientes para seguir satisfaciendo ese tipo de necesidades a través del sector privado. Entre los que, por cierto, se encuentran los autores de los recortes, lo cual añade un plus de desvergüenza a la cosa, porque los recortes no les afectarán a ellos sino a los demás.

El Viejo Topo

Los derechos sociales han tenido una trayectoria accidentada con respecto a la de otros derechos fundamentales. ¿Por qué? ¿Qué los distingue del resto?La verdad es que poco, al menos en el plano de las ideas. Los derechos sociales protegen bienes tan importantes como los que protegen los demás derechos. Los derechos sociales pueden garantizarse jurídicamente como los demás derechos. Asegurar los derechos sociales cuesta dinero, lo mismo que cuesta asegurar cualesquiera otros derechos. La conciencia histórica de su relevancia es la misma, porque los derechos sociales vienen reivindicándose por lo menos desde finales del siglo XVIII. Acaso la gran diferencia cabe ubicarla en el plano de los hechos, y es que los derechos sociales amenazan el orden social vigente de un modo en que no lo hacen los demás derechos, y los más favorecidos por ese orden social no están dispuestos a perder su posición privilegiada, como sucedería si se atribuyese a todos los ciudadanos cierto número de derechos sociales fuertes. Yo diría que esta resistencia a la igualación de las condiciones vitales de las personas es la fuente de la que mana la discriminación de esta clase de derechos.

En tu libro haces un análisis político de los derechos sociales alejándote de cuestiones jurídicas más técnicasLo hago así porque creo que la teoría y la práctica han demostrado ya con creces que los derechos sociales pueden ser protegidos jurídicamente igual que los demás. Muchos otros se han ocupado de este asunto y lo han hecho muy bien. En cambio, me ha parecido más interesante poner de relieve que los derechos sociales suscitan una cuestión política fundamental: la de si queremos ser una comunidad de ciudadanos igualmente libres o no. Sin derechos sociales fuertes, unos ciudadanos son más libres que otros. ¿Es esto lo que queremos? Y esta pregunta es sin duda una pregunta política más que jurídica. Porque la política es, ante todo, la discusión acerca del tipo de comunidad que queremos ser o acerca del tipo de vida que creemos que ha de ser posible vivir; me parece que una comunidad será muy distinta en función de cómo organicemos actividades tan básicas como la educación, la asistencia o el trabajo, y a estas actividades se refieren los derechos sociales. En todo caso, tratándose de derechos, lo jurídico no podía ser ajeno a los argumentos del libro, que cabe calificar como un ensayo de filosofía jurídico-política.

Entre los valores asociados a los derechos sociales se habla mucho de igualdad, pero tú prefieres hablar de libertadEn efecto, ha sido tradicional vincular los derechos sociales con el valor de la igualdad, pero yo creo que esto es un error. Los derechos sociales no sirven a la igualdad porque la igualdad no es un valor. Lo muestra el hecho de que muchas igualdades no las consideramos valiosas en absoluto (por ejemplo, en la manera de vestir o en el color del pelo o en los libros que leemos o en el tipo de relaciones afectivas que mantenemos o en la religión que practicamos). La igualdad que es valiosa es la que es justa, y solo algunas igualdades lo son, luego es la justicia la que es valiosa y no la igualdad como tal, que puede ser buena, mala o irrelevante.

¿Y ahí es donde entra la libertad?Sí. El valor al que sirven los derechos sociales es sin duda el de la libertad, que es el valor al que sirven todos los derechos humanos. Si estamos bien educados, bien asistidos, y disfrutamos de un buen trabajo y de una buena vivienda, resulta obvio que somos más libres porque podemos hacer más y mejores cosas y porque estamos libres de la ignorancia, de la enfermedad, de la necesidad y de la dominación. Esto, creo yo, lo entiende cualquiera, salvo ciertos teóricos liberales que sostienen una extraña, por restringida y por estéril, concepción de la libertad, una concepción según la cual el culto no es más libre que el inculto, y el sano no es más libre que el que está sujeto a la enfermedad, y el empresario no es más libre que el trabajador, y el rico no es más libre que el pobre.

Estos mismos teóricos liberales quizá dirían que si somos más iguales somos menos libresBueno, durante mucho tiempo se ha planteado la relación entre la libertad y la igualdad como la de dos valores contrapuestos, de manera que aumentar la una significaría disminuir la otra y viceversa. Y no es así: los derechos sociales lo que igualan es la libertad de las personas, luego no tiene sentido contraponer libertad con igualdad. Lo que sí es cierto es que si yo igualo la libertad de las personas, algunas de ellas, las que antes tenían más, ahora tendrán menos, perderán libertad, pero a costa de que otros la ganen; porque no hay que olvidar que la libertad es un bien limitado y la cuestión es cómo la repartimos. Los derechos sociales, por tanto, no presuponen un dilema entre la libertad y la igualdad que resuelvan a favor de la segunda, sino que presuponen un dilema entre la mucha libertad de unos y la poca libertad de otros, que resuelven distribuyéndola entre todos por igual.

Algunos dirían que en tiempos de crisis no es momento para ponerse a revisar conceptosEs precisamente al contrario. Cuando el pastel es grande, los que reciben un pedazo más pequeño pueden contentarse si ese pedazo resulta en todo caso suficiente. Cuando el pastel no es tan grande, ese pedazo pequeño puede resultar insuficiente y los que lo reciben no pueden contentarse con él, con lo que deberían preguntarse si hay razones para que otros reciban un trozo mayor.

Si esa es la pregunta, la cuestión no está en los recursos disponibles
No. Hay quien dice que el momento de los derechos sociales es el de la bonanza económica, que permite repartir entre todos el excedente de riqueza por la vía de esos derechos, pero que cuando acaba la bonanza hay que apretarse el cinturón y renunciar a ellos en mayor o menor medida. Esto no tiene sentido, porque los derechos sociales constituyen un criterio igualitario de reparto de aquello que es importante, y su vigencia no depende de la mayor o menor cantidad que haya que repartir; por eso, los derechos sociales no están hermanados con la abundancia ni peleados con la escasez. En todo caso, respetar ese criterio igualitario es tanto más perentorio cuanto menor es la cantidad disponible. O sea, que si hay que apretarse el cinturón, los derechos sociales requieren que todos nos lo apretemos por igual, y si el pastel ha menguado, los pedazos que habrá que reducir en primer lugar son los más grandes y no los más pequeños.

Entonces, ¿cuál debería ser la concepción de los derechos sociales para que tuvieran el mismo estatus que el resto de derechos fundamentales?Enunciarla es sencillo, llevarla a la práctica no tanto. Se trata de que los bienes vinculados con los derechos sociales se asignen a todos los miembros de la comunidad por igual, esto es, en tanto que ciudadanos, en vez de ser asignados a través del mercado, que genera siempre un reparto desigual, porque desiguales son nuestras capacidades económicas. La lógica de los derechos fundamentales ha de ser siempre la lógica de la ciudadanía y no la del mercado, y esto insisto en que ha de valer también para los derechos sociales. Si queremos ser una comunidad de personas igualmente libres, todo aquello que asegura nuestra libertad no puede ser objeto de tráfico mercantil. Parafraseando el anuncio de una tarjeta de crédito, hay cosas que el dinero no debería poder comprar.

¿En qué se traduce de manera práctica?
Contra lo que muchos creen, desmercantilizar no significa necesariamente estatalizar ni renunciar a la iniciativa privada. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la educación concertada, que es de iniciativa y gestión privadas pero que está abierta a todos por igual porque el estado se encarga de financiarla. Bueno, al menos ese es el espíritu de la legislación que regula la concertación educativa. Otra cosa es que, en la práctica, las leyes no se cumplan, o que su letra no esté a la altura de su espíritu, y así la escuela concertada establezca un sistema de precios más o menos encubierto que discrimina a los niños en función de la capacidad económica de sus familias. Lo cual, a mi parecer, es un escándalo, no ya solo porque se incumpla la ley, que también, sino porque con los impuestos de todos se acaba por sufragar en buena parte la enseñanza solo de algunos, de aquellos que están en condiciones de pagar las cuotas correspondientes.

Otra vez falla la práctica…Sí, pero la idea de la concertación educativa, como tal, es buena, porque permite conciliar la justicia con la iniciativa privada. Se trataría, pues, de extenderla lo más que se pueda y de mejorar su ejecución para que la escuela concertada quede realmente al alcance de todos, lo cual no me parece tan difícil. Esta es una vía, y la otra, por seguir con la educación, es ir mejorando progresivamente la escuela pública hasta que alcance el mismo nivel que la mejor escuela privada. De esta manera, la elección entre enseñanza pública y privada no se basaría en su distinta calidad y ningún niño saldría perjudicado por la elección de sus padres. Lo mismo, mutatis mutandis, cabe decir de la sanidad, o de otras formas de asistencia de quienes la necesitan, que tenemos socialmente muy descuidadas y que quedan libradas a las posibilidades, muy variables, de cada familia.

¿Y en el caso concreto del derecho al trabajo?El trabajo es otro cantar, porque sacar al trabajo del mercado supone renunciar a la economía capitalista, al menos tal y como la conocemos, aunque no al mercado como institución que regula la producción y el intercambio de bienes y servicios. Plantearse la superación del capitalismo, o de su concepción del trabajo, puede resultar ingenuo, pero lo cierto es que la lógica de la igual libertad ciudadana y de los derechos fundamentales que la sirven creo que debería conducir a la larga a un modelo de relaciones laborales que no permita la compra y la venta del trabajo, sino que se base en su regulación comunitaria y democrática. No tiene sentido que se postule como valor supremo la libertad de las personas, tal y como hacen las constituciones contemporáneas, y que luego se obligue a la mayoría a someterse a la voluntad de otros en una actividad tan relevante para la vida cotidiana como es la laboral.

Cada vez que escucho “superar el capitalismo” me viene a la cabeza lo de con la iglesia hemos topado…Así es, con la iglesia del capital, la más poderosa de todas, pero cuya fe es mucho menos respetable que la de cualquier otra. En todo caso, creo que no hace falta abominar del capitalismo para aceptar algunas medidas más concretas que propongo al final del libro, que, por supuesto, nada tienen de originales y que otros han elaborado mucho mejor que yo: (1) la renta básica universal, que rompe el vínculo entre satisfacción de necesidades básicas y trabajo, esto es, que permite que la gente pueda vivir decentemente sin necesidad de someterse a las actuales condiciones, muy poco favorables, en las que se desenvuelve el trabajo; (2) el reconocimiento del trabajo doméstico como actividad laboral, con su consiguiente remuneración, que evitaría la tradicional discriminación de los (o más bien las) que se dedican a ese tipo de trabajo, que no se reconoce como tal porque no es mercantil; (3) el reparto entre todos del trabajo disponible, mediante una reducción progresiva de los tiempos laborales, lo cual hace ya mucho que es posible teniendo en cuenta los avances tecnológicos de todo tipo que han reducido el trabajo socialmente necesario. Si no se hace así, es en buena parte porque los beneficios empresariales no pueden tocarse, salvo para que aumenten, y de esta manera los beneficios de la tecnología redundan solo en unos pocos, al menos en lo que a nuestro trabajo y a nuestro tiempo libre se refiere. Si el trabajo se repartiese de manera más equitativa, alcanzaría para todos y todos trabajaríamos menos y viviríamos mejor. Y, por último (4), la democratización de las relaciones laborales, la cual debería ser una consecuencia de nuestras convicciones democráticas, que, paradójicamente, no rigen en el ámbito laboral, donde el trabajador sigue siendo súbdito y no ciudadano. ¿Cómo podemos afirmar que vivimos en una sociedad democrática si la más importante de nuestras actividades cotidianas, el trabajo, se desenvuelve en condiciones que la acercan mucho más a una monarquía absoluta que a una república?

Para terminar, ¿qué te ha motivado a escribir este libro?Ante todo, el cumplimiento de una de mis obligaciones académicas, la de pensar y escribir sobre estos asuntos. Que haya elegido en particular el asunto de los derechos sociales creo que se debe a un motivo que bien cabe llamar emocional y que puede explicarse así: la comunidad en la que vivo, la española, me ha permitido disfrutar de una vida muy decente en casi todos los aspectos, salvo en uno fundamental, que es el hecho de que otros de mis conciudadanos no disfrutan de unas condiciones vitales similares. Porque una vida humana no es del todo buena, ni del todo decente, si no lo es también la de los demás, la de los que son esencialmente iguales a uno. Yo quiero vivir bien, pero del todo no podré si los demás no viven igual de bien que yo. ¿Acaso puede uno disfrutar plenamente de su confortable vivienda sabiendo que otros carecen de ella? ¿Y puede uno alegrarse sin rubor de la buena educación que reciben sus hijos sabiendo que no está al alcance de los hijos de todos los demás? ¿No formamos acaso una comunidad, esto es, un conjunto de gentes cuyas actividades e intereses están vinculados y en la que todos dependemos de todos? Y siendo así, los beneficios de la vida comunitaria ¿no deberían alcanzar por igual a todos? Por eso he escrito este libro, para hacerme estas preguntas y tratar de responderlas, y para recordar algunas vías posibles de avance hacia una comunidad más justa y por tanto más feliz.

 fuenteshttp://www.revistadeletras.net/la-igualdad-no-es-un-valor/

La justicia, herramienta de la democracia

La brecha que divide los grandes proyectos y utopías de lo que acaba finalmente ocurriendo en la realidad es una de las grandes constantes de la historia. Lo que eventualmente sirve a veces de combustible para escépticos y derrotistas; ilusiones frustradas y búsqueda de nuevos paradigmas para imaginar nuevas utopías. Y así, sucesivamente.

Esto viene a colación en relación a una experiencia en la que ese lugar común no se ha repetido. Me toca culminar al fin del 2013 mi segundo período como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siento la necesidad de compartir una reflexión que va más allá de la experiencia personal con un balance que se ubica en las antípodas del derrotismo, el escepticismo o la frustración. Los hechos indican que la justicia interamericana es una realidad viva y que se está convirtiendo en un rico factor de alimentación y de retroalimentación de la democracia y los derechos humanos en la región.

El macizo desarrollo de la justicia interamericana en los últimos años es notable por su extraordinario dinamismo y solidez. Nuestro tribunal desarrolló jurisprudencia constante y sólida en temas complejos como la obligación de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, las reglas del debido proceso y los derechos de los pueblos indígenas. O la jurisprudencia reiterada – y unánime – en firme protección de la libertad de expresión pero en armonía y ponderación con el derecho a la honra y a la facultad de quienes se sintieran afectados de usar los medios judiciales disponibles para su defensa. Todo eso está cambiando el panorama de la justicia y los derechos humanos en América Latina en lo cual hay tres resultados especialmente tangibles que cabe destacar.

Primero, que la Corte Interamericana se ha fortalecido. Cuando el catastrofismo de unos pocos pronosticaba, a todos los vientos, el “debilitamiento” del sistema interamericano de derechos humanos, ocurrió y ocurre exactamente lo contrario. Hay cifras contundentes. En estos últimos cuatro años la Corte ha resuelto – y, gracias a una gestión eficiente, dentro de plazos razonables - una cantidad de casos que equivalen al 32% de lo resuelto en toda su historia de 34 años. En parte porque la gente recurre más a la Corte Interamericana. En esencia porque se ha expandido la demanda democrática y se presentan problemas que anteriormente a nadie se lo hubiera recurrido llevar al tribunal regional: discriminación por orientación sexual, métodos de fertilización asistida, inversión petrolera y consulta previa a pueblos indígenas o acceso a información en manos de oficinas del Estado, para mencionar sólo cuatro sobre infinidad de materias complejas que hoy tocan las puertas.

¿Y las finanzas? En medio de un dramático panorama presupuestal en la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que el presupuesto se reduce en términos nominales 5% cada año, se ha conseguido fortalecer las finanzas del tribunal interamericano. Aún los niveles son bajos (lo que hace imperioso recurrir a la cooperación voluntaria de países europeos), pero se ha logrado un aumento de 50% en los recursos presupuestales provenientes del fondo regular de la OEA. Otro punto a favor.

El desarrollo jurisprudencial de la Corte ha tenido gran impacto en México

Segundo, porque las decisiones se cumplen. Es rico el proceso evolutivo en el cumplimiento de las sentencias y demás decisiones del tribunal interamericano lo que derrotistas y cuentistas de una realidad monocorde y congelada, no aciertan a comprender por lo que optan por no hablar del tema. Se avanza incluso en lugares, temas y situaciones muy complejas. Así, por ejemplo, el mismo día en que se dictó el año pasado la sentencia sobre un sensible caso de consulta previa en territorios indígenas del Ecuador, mientras la comunidad Sarayaku celebraba en la provincia del Pastaza, el gobierno de Quito notificaba al tribunal que cumplirían con la sentencia lo que, en efecto, está ocurriendo. Y así, podría dar muchos ejemplos más.

Tercero: el impacto en los desarrollos institucionales nacionales. Lo más trascendente. Que hace que hoy día no sean sólo siete los jueces interamericanos (el número de integrantes del tribunal), sino muchos miles los jueces interamericanos. Desde el Río Grande hasta la Patagonia, el tribunal interamericano llega a la gente y a sus instituciones. Sus audiencias públicas hoy se llevan a cabo no sólo en su sede (Costa Rica) sino en otros 16 países de la región. El 2013 le tocó a Medellín (Colombia), México y Brasilia.

Un ejemplo interesante de este impacto continental lo tenemos en México, el país con más población hispanohablante del mundo. En las audiencias públicas celebradas en octubre, no sólo asistieron varios miles de personas para observar el desarrollo de las sesiones sino que ovacionaron emocionadamente de pie luego de la clausura. Ese detalle de cuenta de que estamos ante un proceso que al concernir hoy directamente a miles y millones de personas se hace menos vulnerable. Lo que hemos llamado “diálogo jurisprudencial” se va propagando por toda América, pero tiene en el país azteca una relevancia singular.

En México el desarrollo jurisprudencial interamericano ha interactuado con una vigorosa dinámica interna, particularmente en dos procesos fundamentales: la reforma constitucional de 2011 y el vigoroso papel de la Suprema Corte de Justicia. En dos decisiones trascendentales el más alto tribunal mexicano ha establecido que es obligatorio para los jueces mexicanos lo que se denomina el “control de convencionalidad”. Es decir que los criterios contenidos en las sentencias del tribunal interamericano son obligatorios para todos los jueces, aunque México no haya sido parte en el caso. Semejante criterio ya ha sido establecido por muchos otros altos tribunales; Colombia o Perú, entre muchos otros.

En la sepultura, pues, la consideración del derecho internacional como “extranjero”. Como dijo en Brasilia el 11 de noviembre Joaquim Barbosa, presidente de la Suprema Corte de Brasil, cuando inauguramos las audiencias públicas del tribunal interamericano: “La Corte Interamericana no es una Corte extranjera”.

Por el “control de convencionalidad” los jueces nacionales se encuentran hoy obligados a conocer más y mejor la jurisprudencia interamericana. Para ello se ha diseñado y puesto en circulación un modernísimo sistema de buscadores informáticos sobre la jurisprudencia interamericana que hemos puesto ya a disposición de los jueces de América desde noviembre con la Suprema Corte. En concordancia con eso, hace pocos días firmé con el gobierno del Brasil un convenio para la traducción al portugués y publicación de las principales sentencias emitidas por el tribunal interamericano. Será financiado íntegramente por el gobierno brasilero. Es para lo mismo.

En ese escenario es sintomático y alentador que el premio de Derechos Humanos que cada cinco años conceden las Naciones Unidas vaya a ser entregado este 10 de diciembre en Nueva York, por primera vez, a una institución pública latinoamericana: la Suprema Corte de México. Señal de que en la institucionalidad pública latinoamericana y en esa “viva interacción” con el tribunal interamericano se están produciendo desarrollos importantes para la protección de los derechos humanos.

Con la justicia interamericana está pasando algo muy trascendente y de significación histórica: funciona eficazmente y está cambiando en pocos años muchísimos paradigmas jurídicos y conceptuales en los países interamericanos. Amenazas y resistencias seguirá habiendo. Pero a estas alturas esa viva justicia le pertenece ya a millones de hombres y mujeres, que seguirán apropiándose de ella con tesón y optimismo. Porque de ella están haciendo herramienta de la democracia en la región.

Diego García-Sayán es presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/12/10/opinion/1386675785_975169.html

Renovar el pacto constitucional

Hace cinco años, en estas mismas páginas, Albert Solé se refería orgullosa y cariñosamente a la Constitución como su hermana, no en balde comparten padre: Jordi Solé Tura. El cineasta, hijo de uno de los mejores ministros de Cultura de nuestra democracia, recordaba en su artículo Respetad a mi hermana (EL PAÍS, 6 de diciembre de 2008) que lo importante de esta Constitución no es tanto el texto como la música, la atmósfera de entendimiento y superación de las diferencias que desprende el conjunto.

La encrucijada social, económica, política y territorial en la que España se encuentra hoy podría, sin duda, superarse con ese mismo espíritu, el que hace 35 años puso de manifiesto que nuestros dirigentes políticos estaban a la altura de lo que la ciudadanía demandaba. Los catalanes, y el conjunto de los españoles, nos exigen un proyecto capaz de abordar simultáneamente dos problemas: resolver las disfunciones acumuladas tras 30 años de desarrollo del Estado de las Autonomías y encauzar el malestar de amplios sectores de la sociedad catalana sobre la relación de Cataluña con el resto de España.

Uno de los elementos para cimentar esa nueva arquitectura institucional del Estado es la declaración Un nuevo pacto territorial. La España de todos y el documento Hacia una estructura federal del Estado,aprobados por el consejo territorial del PSOE el pasado mes de julio en Granada, fruto de un esfuerzo transparente de reflexión y diálogo para ofrecer a la sociedad española y al resto de fuerzas políticas.

Las actuales disfunciones del Estado de las Autonomías han sido descritas de forma amplia y recurrente y sobre ellas existe un gran consenso: un sistema de reparto de competencias confuso y conflictivo, la ausencia de una verdadera Cámara Territorial, un modelo de financiación inacabado e insatisfactorio, la necesidad de garantizar en todo el territorio del Estado la protección de los derechos sociales básicos en condiciones de igualdad, la conveniencia de avanzar en la cohesión de los territorios y en la convergencia regional, la insuficiente colaboración institucional entre comunidades autónomas y Estado, y la conveniencia de continuar adecuando las Administraciones públicas a la estructura territorial autonómica y de mejorar su eficiencia y eficacia.

Es necesario resolver las disfunciones acumuladas en 30 años de desarrollo autonómico y encauzar el malestar de amplios sectores de Cataluña 

Estas disfunciones son de sobra conocidas y suscitan una pregunta incómoda: ¿por qué no se abordan con determinación, prontitud y consenso? ¿Qué nos impide dar respuesta a problemas que redundan en sobrecostes, ineficiencias y perjuicios a la ciudadanía? La propuesta que dibujamos en Granada ofrece caminos de solución y muestra nuestra disposición al diálogo para afrontar inmediatamente unos problemas que no admiten demora.

Pero no fueron solo estos problemas los que suscitaron nuestra reflexión. Los documentos aprobados en Granada por los socialistas tenían también un objetivo claro: proporcionar un cauce para responder al malestar de amplios sectores de la sociedad catalana que se sienten injustamente tratados, escasamente comprendidos e insuficientemente respetados. Es cierto que el terreno de los sentimientos es especialmente resbaladizo y a menudo difícil de atender, pero no es menos cierto que la política tiene como función precisamente la de abordar de forma racional y consensuada estas cuestiones.

Sea cual sea el juicio que nos merezca la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, debemos reconocer que dicha sentencia alteró un pacto entre las instituciones catalanas y españolas que fue posteriormente ratificado en referéndum por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. No hay precedentes en nuestra aún joven democracia de una anomalía como esta. Debemos además ser capaces de dar una respuesta a los amplios sectores de la sociedad catalana insatisfechos por el sistema de financiación vigente y por las dificultades del modelo autonómico actual para integrar singularidades culturales, simbólicas y nacionales.

Los socialistas deseamos que la ciudadanía perciba un paisaje libre de escenarios de ruptura, vamos a actuar para corregir la desconexión gradual en el terreno de los afectos y los intereses compartidos. Por estos motivos decidimos formular una propuesta ambiciosa de reforma constitucional. Precisamente nosotros, que hemos defendido siempre la Constitución y el Estado autónomo, planteamos actualizarlo y perfeccionarlo en una perspectiva federal, porque el federalismo debe ser el modelo definitivo de nuestra organización territorial, como en otros muchos grandes Estados del mundo. El federalismo nos ofrece pautas, tanto para resolver las actuales disfunciones del Estado de las Autonomías, como para reconocer, respetar e integrar las diversas aspiraciones nacionales que conviven en España.

Los socialistas reiteramos nuestras propuestas para renovar el pacto constitucional, al tiempo que reclamamos transparencia y participación en una negociación de la que depende nuestro futuro común.

Concluía hace cinco años Albert Solé que los países, como los individuos, tienen que saber distinguir y honrar los giros decisivos de su historia. Lamentablemente, los presidentes Rajoy y Mas no identifican que el presente es uno de los momentos en los que honrar a nuestra historia exige cambios decisivos que debemos acordar entre todos.

Pere Navarro i Morera es primer secretario del PSC.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/12/06/opinion/1386334424_868061.html

Diez años venciendo el hambre

Hace unas semanas, Brasil celebró el décimo aniversario de Bolsa Familia, que ha servido de modelo para muchos programas nuevos de distribución de rentas en todo el mundo.

Gracias al programa Bolsa Familia (“subsidio familiar”), 14 millones de familias, es decir, 50 millones de personas —la cuarta parte de la población de Brasil— reciben un pequeño estipendio mensual, siempre que cumplan unos requisitos básicos, entre los que figuran que los hijos permanezcan escolarizados y reciban atención médica, incluidas las vacunaciones normales. Más del 90% del dinero que se paga va a manos de las madres. En el decenio transcurrido desde que comenzó el programa, el rendimiento académico de los niños ha mejorado, las tasas de mortalidad infantil han caído y 36 millones de personas han salido de la pobreza extrema.

Las cifras son elocuentes, y, sin embargo, no bastan para transmitir hasta qué punto han mejorado las vidas de todas esas personas.

No hay una estadística capaz de medir la dignidad, pero eso es lo que se percibe cuando los padres pueden ofrecer a sus hijos tres comidas diarias. No hay una partida del presupuesto que se llame “esperanza”, pero eso es lo que brota cuando los padres ven que sus hijos van a la escuela y se esfuerzan para tener un futuro mejor.

Al transformar la vida de las personas, Bolsa Familia está cambiando el curso de la historia en mi país; según Naciones Unidas, es el mayor programa de distribución de rentas del mundo. Otros Gobiernos han adoptado estrategias similares para luchar contra el hambre. Por eso es importante entender el éxito de Brasil y los obstáculos a los que tuvo que hacer frente para poner en marcha el programa.

Como en muchos otros países de Latinoamérica, África y Asia, Brasil estuvo durante demasiado tiempo gobernado en nombre de una pequeña minoría, la clase dirigente. El resto de los brasileños, la gran mayoría, eran prácticamente invisibles y vivían en un no país que ignoraba sus derechos y les negaba todas las oportunidades.

Las iniciativas exitosas
de distribución de
rentas también
reactivan la economía

Lo primero que hicimos para cambiar la situación fue poner en práctica una serie de políticas sociales que, junto al incremento del salario mínimo y un mayor acceso a los préstamos bancarios, estimularon la economía y permitieron la creación de 20 millones de puestos de trabajo legales en los últimos 10 años. De esa forma, por fin, se logró integrar a la mayoría de la población en la economía y la sociedad de Brasil.

Bolsa Familia ha contribuido a demostrar que es posible erradicar el hambre cuando los Gobiernos tienen la voluntad política necesaria para convertir a los pobres en el centro de sus iniciativas. Muchos pensaron que era un objetivo utópico. Quizá no comprendieron que era absolutamente necesario para que nuestro país volviera a situarse en la ruta hacia el desarrollo.

Algunos dijeron de buena fe que, para combatir el hambre, a las familias había que darles alimentos, y no dinero. Pero tener alimentos no es suficiente para terminar con el hambre. Hace falta un frigorífico para almacenarlos y fuego y gas para cocinarlos. Y la gente además tiene que vestirse, cuidar su higiene personal y limpiar su hogar. Las familias no necesitan que el Gobierno les diga lo que deben hacer con su dinero. Ellas saben cuáles son sus prioridades.

Todavía hoy, algunas reacciones a Bolsa Familia prueban que es más difícil vencer los prejuicios que conquistar el hambre. Los más mezquinos acusan al programa de fomentar la indolencia. Es una forma de decir que los pobres son pobres porque no han querido mejorar su situación, no porque nunca han tenido oportunidad de lograrlo. Ese tipo de actitud deposita sobre sus hombros la responsabilidad de un abismo social que no favorece más que a los ricos.

Estos programas muestran que es posible erradicar la miseria
con voluntad política

Es cierto que más del 70% de los adultos inscritos en Bolsa Familia trabajan con regularidad, y el programa sirve como complemento de sus ingresos. Bolsa Familia se ha convertido en un instrumento que los padres utilizan para empezar a romper la espiral de pobreza en la que se encuentran sus hijos.

Los críticos han comparado los programas de distribución de renta con limosnas, con un mero ejercicio de caridad. Solo pueden decir algo así quienes nunca han visto a un niño malnutrido ni la angustia de su madre delante de un plato vacío. Para la madre que recibe las ayudas del programa, el dinero que le permite alimentar a sus hijos no es una limosna; es su derecho como ciudadana, y no va a renunciar a él.

A largo plazo, Bolsa Familia tiene otra consecuencia más: dota a los pobres de poder. Las personas que tienen garantizada por ley una renta mínima no necesitan pedir favores a nadie. No necesitan dar su voto a cambio de comida o de un par de zapatos, como ocurría con frecuencia en las regiones más pobres de Brasil. Por el contrario, esas personas ahora son libres, y eso no siempre le conviene a todo el mundo.

Asimismo, algunos detractores han criticado el programa por incrementar el gasto público. Son los mismos que suelen decir que bajar los salarios y destruir empleo son cosas positivas para la economía. Pero el dinero público que se dedica a las personas, la sanidad y la educación no es un gasto; es una inversión. La inversión en Bolsa Familia está en la raíz del crecimiento del país.

Por cada real (0,3 euros) invertido en el programa, el PIB ha crecido 1,78 reales, según los cálculos del Gobierno brasileño. Bolsa Familia estimula la actividad económica y la producción de los bienes que compran las familias. Poner mucho dinero en manos de unos pocos no sirve más que para alimentar la especulación financiera y agravar la concentración de rentas y riquezas. Bolsa Familia ha demostrado que un poco de dinero en muchas manos sirve para alimentar a la gente, estimular el comercio, atraer inversiones y crear empleo.

El presupuesto de Bolsa Familia para este año es de 24.000 millones de reales, alrededor de 7.500 millones de euros. Menos del 0,5% del PIB de Brasil. Algunos cálculos indican que Estados Unidos y la Unión Europea, juntos, han gastado desde 2008 alrededor de 10 billones de dólares (7,3 billones de euros) en rescatar a los bancos con problemas. Una pequeña parte de esa cantidad, invertida en programas como Bolsa Familia, podría acabar con el hambre en el mundo y reactivar la economía mundial para iniciar una nueva era de prosperidad.

Por suerte, varios países han escogido la lucha contra la pobreza como ruta hacia el desarrollo. Ya es hora de que las organizaciones multilaterales den aliento a esas iniciativas, promoviendo el intercambio de conocimientos y el estudio de estrategias de distribución de rentas que hayan tenido éxito. Esa sería una buena forma de dar impulso a la derrota del hambre en el mundo.

Luiz Inácio Lula da Silva fue presidente de Brasil y hoy trabaja en iniciativas de alcance mundial con el Instituto Lula. Se le puede seguir en facebook.com/lula.
© 2013, Instituto Luiz Inácio Lula da Silva.
Distribuido por The New York Times Syndicate.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/12/09/opinion/1386590794_367810.html

Reflexiones de una presa sobre Nelson Mandela

Se dice que la reclusión nos deja con una sensación de desamparo y vulnerabilidad, pero la verdad de la vida para un preso político, incluso para el que haga una huelga de hambre, es lo contrario. Como presa, yo me he visto obligada a centrarme en lo que es esencial para mí: mis creencias políticas y mi país. Por eso, siento la presencia de los valientes hombres y mujeres, jóvenes y mayores, que se han agrupado en Kiev y otras ciudades ucranias para defender sus sueños de una democracia y un futuro europeos. En la cárcel, nuestras esperanzas y sueños se vuelven nuestra realidad.

Estoy segura de que Nelson Mandela habría entendido mis sentimientos y los habría compartido. El régimen sudafricano del apartheid pudo mantenerlo encerrado durante casi tres decenios, pero en las grandes protestas de Soweto y las otras manifestaciones en pro de la libertad y la igualdad, los valientes jóvenes sudafricanos tuvieron presente su ejemplo y sintieron su presencia.

En todo el mundo, la mayoría de la gente está celebrando ahora con razón la noble dignidad con la que Mandela sacó a Sudáfrica del salvajismo político. Incluso aquí, tras los barrotes de la cárcel y la vigilancia durante 24 horas, como la que padeció él durante tanto tiempo, puedo imaginar la calidez de su ancha sonrisa, sus alegres ojos y camisas de colores de estilo hawaiano que llevó con tanta gracia.

Y puedo admirar su inflexible —y sí, a veces astuto— compromiso con la reconciliación, que salvó a su país de la guerra racial que quienes se negaban a aceptar el fin del dominio blanco minoritario consideraban inevitable. ¡Qué equivocados estaban y qué milagroso fue el logro de Mandela al hacer incluso a sus más implacables enemigos sentirse en su casa en la Sudáfrica posterior al apartheid!

Tras el fin del salvajismo político en Sudáfrica no hubo caza de brujas ni una justicia sumaria

Pero aquí, en este lugar, no es el Mandela estadista el que conmueve mi alma y dispara mi imaginación. “Mi” Mandela es el preso, el Mandela de la isla de Robben, que soportó 27 años tras los barrotes (18 de ellos en una roca en el Atlántico meridional) y, sin embargo, salió con su espíritu intacto, embargado por la visión de una Sudáfrica tolerante, una nación liberada incluso para los artífices y beneficiarios del apartheid.

El fin del dominio blanco no se caracterizó por purgas. No hubo caza de brujas ni una justicia sumaria. Lo único que Mandela pidió fue que se revelara la verdad sobre el pasado. Mediante la extraordinaria innovación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Mandela encontró el único puente viable entre la herencia racista de su país y sus presente y futuro multirraciales: una combinación de genio político y sabiduría humana que caracteriza solo a los más grandes dirigentes.

Mandela pudo guiar a Sudáfrica hasta la libertad porque supo ver su futuro con mayor claridad que quienes vivieron los años del apartheid fuera de la cárcel. De hecho, tuvo esa poco común claridad de la visión moral que la cárcel —más quizás que ningún otro ambiente— puede alimentar.

El encarcelamiento infundió también esa claridad a Alexandr Solzhenitsin. “Poco a poco fui descubriendo que la línea que separa el bien del mal no pasa por los Estados ni entre las clases ni tampoco entre los partidos políticos, sino que cruza exactamente todos los corazones humanos”, escribió en El archipiélago Gulag. “Esa línea cambia (…) e incluso dentro de los corazones rebosantes de maldad se mantiene una pequeña cabeza de puente de bien e incluso en el mejor de todos los corazones se mantiene un rinconcito no desarraigado de mal”.

La capacidad para ver más claramente que la mayoría el funcionamiento interno del alma humana es uno de los pocos dones que puede brindar el encarcelamiento. Obligados a contar exclusivamente con nuestra vulnerabilidad, nuestro aislamiento, nuestras pérdidas (y nuestra causa, aparentemente perdida), aprendemos a mirar más detenidamente en el corazón humano: el nuestro y el de nuestros carceleros.

Sé que la democracia ganará en Ucrania, como Mandela sabía que iba a acabarse el 'apartheid'

Mandela fue el mejor ejemplo de ese don poco común. ¿Cómo, si no, habría podido invitar personalmente a uno de sus carceleros de la isla de Robben a asistir a su toma de posesión como primer presidente democráticamente elegido de Sudáfrica?

Naturalmente, tras el generoso espíritu de Mandela había un carácter de acero. Soportó su reclusión por el bien de su causa y la angustia del sufrimiento impuesto a su familia y, aun así, nunca se desmoronó ni cedió a la rabia que habría consumido a la mayoría de las personas.

Como de costumbre, las propias palabras de Mandela sobre su día de la liberación personal muestran lo bien que lo entendió: “Cuando salí de la celda y me dirigí a la puerta por la que saldría a la libertad, sabía que, si no dejaba tras mí mi amargura y odio, seguiría dentro de la cárcel”. Y así como Mandela sabía en su celda carcelaria que llegaría un día en que el apartheid se desplomaría, yo sé, en mi soledad, que el triunfo final de Ucrania como una democracia europea es seguro.

Yulia Timoshenko fue primera ministra de Ucrania y ahora es la dirigente de la oposición.

© Project Syndicate, 2013.

Traducido del inglés por Carlos Manzano.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/12/10/opinion/1386700243_300549.html

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