Los nazis están entre nosotros

Imagínense el siguiente escenario distópico: después de un partido de fútbol, en uno de los estadios más grandes de Alemania, uno de los jugadores se hace con un micrófono y grita: “¡Heil Hitler!” Más de 30.000 personas contestan con una sola voz: “¡Heil!”. Solamente unos días más tarde, el 65% de los alemanes decide votar contra los homosexuales en un referéndum nacional. Al mismo tiempo, se están ya recogiendo firmas para organizar otro referéndum, esta vez para prohibir la lengua yiddish. ¿Cómo llamarían ustedes a estos acontecimientos? ¿Democracia, o tal vez… nazismo?

Hasta ahora, Croacia había celebrado tres referéndums, el primero tuvo lugar en 1991, para declarar su independencia de Yugoslavia, el segundo se celebró en 2012, sobre el acceso a la Unión Europea, y el tercero se ha celebrado el 1 de diciembre de 2013, para cambiar la definición de matrimonio en la Constitución. Justo unos días antes del referéndum, en la celebración de la clasificación de Croacia para la Copa del Mundo, el futbolista Joe Šimunic', agarró un micrófono y gritó a los aficionados desde el terreno de juego: “¡Por la patria!”. Los 30.000 fans contestaron: “¡Listos!”, lo cual podría no sonar como nada en especial si no fuera porque había empleado la frase “Za dom spredni!”, un antiguo grito de guerra utilizado por los ustashas, los colaboradores croatas del régimen nazi que enviaron a decenas de miles de serbios, judíos y otros a los campos de concentración.

En 1941, el régimen croata pro-nazi promulgó una ley que prohibía el alfabeto cirílico en el territorio del Estado Independiente de Croacia (NDH); a diferencia de ello, el actual gobierno croata se propone establecer una ley según la cual el bilingüismo sea indispensable en los lugares donde una minoría supere el 30% de la población. En septiembre de este año se pusieron placas en cirílico en edificios oficiales de Vukovar, una ciudad que fue asediada y destruida por los serbios en 1991. Pero los carteles fueron derribados por manifestantes enfurecidos. Los mismos que ahora han empezado a reunir firmas para que se celebre un referéndum sobre los derechos de las minorías étnicas bilingües con el objetivo principal de que, para la introducción del bilingüismo en favor de una minoría étnica, se eleve el umbral al 50% de la población. En otras palabras, a algún genio se le ha ocurrido la idea de que una minoría puede tener derechos solamente si es una mayoría.

Lo que demostró el 65% que votó a favor de prohibir los derechos de los gais es que la verdadera amenaza para la familia —que supuestamente es lo que se defendía durante el referéndum constitucional croata— no son los gais ni otras minorías. La verdadera amenaza para la familia es exactamente toda esa gente que no se da cuenta de que es el capitalismo el que la está destruyendo. Tan sólo una semana antes del referéndum, el gobierno croata dejó preparado el plan para privatizar el agua. Y por lo que respecta a la falta de empleo entre los jóvenes, Croacia solamente se ve superada por Grecia y España, con un 52% de índice de desempleo. En lugar de organizar un referéndum sobre ese tipo de problemas, Croacia gastó 6,2 millones de euros en un referéndum para definir algo que ya está definido en la ley sobre la familia: el matrimonio es una comunidad legalmente regulada entre una mujer y un hombre.

La verdadera amenaza para la familia no son las minorías, sino quienes no se dan cuenta de que es el capitalismo el que la está destruyendo

Pero sería erróneo sacar con ello la conclusión de que Croacia vuelve a estar ahora más cerca de los Balcanes y de países conservadores como Polonia, Hungría, Bulgaria o Rumania. ¿Qué decir entonces de las decenas de miles de manifestantes que desfilaron en París en marzo de 2013 en contra de la nueva ley francesa de matrimonios del mismo sexo? ¿Y qué hay del ambiente existente hacia las minorías, incluso en países como Dinamarca o Suecia, por no hablar de Italia o Grecia?

Parece más oportuno que nunca sacar a colación un viejo chiste. En el control de pasaportes del aeropuerto de Zagreb, un oficial le pregunta a un turista: “¿Cuál es su nacionalidad?” El turista contesta: “Alemán”. Entonces le pregunta el oficial: “¿Ocupación?”. Y el alemán le contesta: “No, sólo de vacaciones”. Por un lado, el gobierno croata —sin excesiva presión de la Troika— está haciendo el trabajo de Angela Merkel. Por el otro, ya no necesitamos ninguna ocupación más de los nazis, puesto que los nazis están viviendo entre nosotros. Ante esta situación, los alemanes pueden sentirse realmente relajados y disfrutar de sus vacaciones.

Lo que nos ha mostrado el referéndum constitucional croata no ha sido sólo un mal uso de la democracia y una reacción conservadora; es en realidad todo un síntoma del corazón podrido de Europa, de un continente que no sólo se está pareciendo cada vez más al distópico escenario descrito más arriba, sino que hace realidad las peores pesadillas del siglo XX. O, como diría el poeta croata Marko Pogacar: “Lo único que es más horrible que el fascismo es el fascismo moderado”.

Srecko Horvat es filósofo croata y coautor, con Slavoj Zizek, del libro El Sur pide la palabra, de próxima aparición.
Traducción del inglés de Juan Ramón Azaola

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/12/04/opinion/1386156800_587406.html

La reforma laboral necesita mejorar

El mercado laboral español mostraba ya antes de la recesión actual un comportamiento anómalo en términos de creación y destrucción de empleo y, en consecuencia, también en términos de tasas de paro. Tanto la magnitud en las tasas de desempleo como su volatilidad han sido muy superiores a las de los países de nuestro entorno ya desde el comienzo de la época democrática. Ambas características indican que nuestro mercado laboral adolece de factores estructurales que es necesario abordar. La reforma de 2012 es por ahora la última de las numerosas que se han acometido en nuestro país desde mediados de los ochenta para tratar de resolver los graves problemas de nuestro mercado de trabajo.

El preámbulo de la reforma realiza, en mi opinión, un diagnóstico acertado sobre el rumbo que debiera tomar nuestro mercado de trabajo para su mejor funcionamiento. Afirma que el objetivo de la misma es conseguir la flexiseguridad, paradigma laboral que pretende que las relaciones laborales sean flexibles, pero que a su vez los trabajadores tengan contratos estables y se encuentren protegidos por políticas activas y pasivas de empleo. Lo cierto es que la reforma de 2012 acomete cambios contundentes —no siempre acertados, en mi opinión— en cuanto al aumento de flexibilidad (interna y externa); pero no tan contundentes en lo que se refiere a la mejora en la eficacia de las políticas activas y a reducir la dualidad contractual, ambas claramente insuficientes. Vayamos con cada una de ellas.

La reforma sin duda ha permitido el aumento de la flexibilidad interna, es decir, ha conseguido que sea posible modificar las condiciones laborales sin tener que recurrir al despido ante una situación recesiva. En este sentido, tanto los cambios dirigidos a primar la negociación a nivel de empresa como la modificación sustancial de las condiciones de trabajo abierta tras la reforma, y en particular, la posibilidad de una disminución salarial para evitar los despidos puede por primera vez ayudar a que los ajustes temporales se realicen sobre salarios en lugar de tener que recurrir a los despidos. Dicho esto, sería conveniente que las modificaciones de contrato tuvieran especificados unos márgenes de actuación. La ausencia de los mismos puede dar lugar a abusos por parte del empresario, por una parte, y también puede dañar la seguridad contractual. Estos márgenes no están especificados en la actualidad y sería muy beneficioso que fueran contemplados.

La reforma laboral de 2012 también ha favorecido la flexibilidad externa mediante el abaratamiento de los despidos. Desde la aprobación de la reforma, los despidos por causa objetiva, bien sean individuales o colectivos, han aumentado sensiblemente. Desde mi punto de vista, en un contexto de enorme destrucción de empleo como el que España estaba viviendo en 2012, y en ausencia de políticas activas eficaces para la pronta reinserción en el mercado laboral, las medidas de flexibilidad externa debieran haber esperado a que la situación económica se normalizara.

Hay que crear un Portal Único de Empleo para informar a los parados de todas las ofertas

Las políticas activas de empleo son una herramienta fundamental en un modelo como el de flexiseguridad. Ante un eventual despido, las políticas activas juegan un papel clave en la información, formación y recolocación de los parados. Las acciones implementadas hasta la fecha son claramente insuficientes y necesitan mejorar, y así lo ha puesto de manifiesto Bruselas recientemente. En particular, la información a los parados requiere que se modernicen los servicios públicos de empleo, de modo que se cree un portal único de empleo para concentrar en una sola web todas las ofertas que haya en España, hoy dispersas en 17 portales regionales. Esto no debiera ser un problema en esta era digital, y sería aconsejable, ahora que se atisba cierta reactivación, que se incentive a las empresas a que utilicen esta única web para sus demandas de trabajo.

Con respecto a la formación, debe producirse un giro radical ya que los cursos de formación que hoy se ofrecen están en muchos casos obsoletos y no sujetos a evaluación. Se debe partir de las necesidades de las empresas, y desde ahí y del nivel regional o incluso local, diseñar bien una formación a medida o por medio de la formación profesional reglada. En algunos casos la misma empresa puede formar a sus trabajadores, especialmente a los jóvenes, mediante contratos de formación dual en los que se combina formación con trabajo. Este instrumento parece estar también sobre la agenda del Gobierno y podría ser otro instrumento de política activa muy útil para los parados jóvenes de nuestro país.

Finalmente, con respecto a la recolocación, la misma reforma laboral estipulaba la introducción de medidas para fomentar la cooperación con las agencias privadas de empleo. Sin embargo, 20 meses después de la aprobación de la reforma, no se ha firmado aún ningún convenio de colaboración, lo cual impide que las agencias puedan operar en la recolocación de los parados. Parece que el Plan Anual de Empleo de 2013 avanza algunas iniciativas sobre este particular, pero la tardanza en su implementación está provocando el drama laboral de que más de la mitad de nuestros parados llevan más de un año buscando empleo.

La coordinación de políticas activas y pasivas ha acortado la búsqueda de trabajo en Europa

Por otra parte, para que la recolocación se produzca, es necesario que los parados acepten las ofertas de empleo que reciben. Un resultado contundente en todos nuestros estudios empíricos es que el cobro de cualquier tipo de subsidio disminuye enormemente la tasa de salida hacia el empleo. Este es un hecho que debe evitarse y para ello sería necesario que las políticas activas se combinaran más eficazmente con las pasivas, en particular con el subsidio.

En otros países, como Alemania, Dinamarca y Holanda, que tienen políticas activas más consolidadas que las nuestras, diseñan itinerarios individualizados para los parados, y mientras cobran un subsidio, se les exige la participación en las políticas activas diseñadas para ellos. Tras el periodo de formación, ante una oferta de trabajo adecuada a su capacitación, los individuos pierden el subsidio si no la aceptan. Esta combinación de políticas activas y pasivas ha acortado sensiblemente el periodo de búsqueda de empleo en estos países y España debiera ir también en esa dirección para que la situación en el desempleo no se haga crónica. Por supuesto, para esto es necesario en primer lugar que exista un diseño adecuado de políticas activas todavía inexistente en nuestro país.

Finalmente, la reforma no ha sido útil para la reducción de la precariedad laboral. Más del 90% de los nuevos contratos son temporales, y la proporción de nuevos contratos indefinidos disminuye continuamente. El Gobierno es consciente de ello, y de hecho, entre las recientes medidas lanzadas por el Ministerio de Trabajo para reducir esta dualidad está la simplificación de contratos. Parece que los 41 modelos de contratación existentes quedarán reducidos a cinco: indefinido, temporal, de relevo, de prácticas y un último de formación y aprendizaje. Sinceramente, mientras se siga permitiendo contratar de modo generalizado bajo la modalidad de contrato temporal, prácticamente todas las contrataciones seguirán siendo temporales, como hasta ahora. El contrato temporal debe ser utilizado solo para casos como sustituciones, que son temporales por naturaleza. El resto de la contratación debiera ser estable, indefinida, pero con una indemnización por despido que fuera creciente con la antigüedad, partiendo de la de los contratos temporales el primer año y creciendo gradualmente con la antigüedad en la empresa. Se pueden discutir los matices, pero sería preciso llegar a un acuerdo que no desincentivara la contratación, que otorgara seguridad jurídica a los contratos indefinidos y que consiguiera que la norma fuera la contratación indefinida, como en la mayoría de los países de nuestro entorno.

En definitiva, la reforma laboral necesita mejorar.

Sara de la Rica es catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco e investigadora de FEDEA.

 fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/12/04/opinion/1386185533_114759.html

Maquiavelo, el misterio de la claridad

Hace hoy quinientos años, Nicolás Maquiavelo anunciaba a su amigo Francesco Vettori haber redactado “un opúsculo”, De principatibus, donde profundiza cuanto puede en “las reflexiones sobre esta cuestión, discutiendo en él qué es principado, de qué especie son, como se adquieren, como se conservan, porqué se pierden”. El marco histórico italiano favorecía la preocupación por el tema, con una sucesión de interminables conflictos por el poder, agudizados a partir de la entrada en la península de Carlos VIII de Francia. Conquistas pasajeras, alianzas variables, deposiciones y asesinatos políticos componían un cuadro de constantes mutaciones en el cual destacaba la figura de Cesar Borgia. Había sido este capaz de imponerse por un tiempo como “príncipe nuevo” en ese juego de múltiples contendientes y suma cero, sobre el cual incidían además otros dos poderosos jugadores, Francia y España. Al clima de permanente inseguridad se sumaba la circunstancia individual de Maquiavelo, que había sido encarcelado tras la caída de la República de Florencia en 1512 y hallándose, en sus propias palabras, al borde de la pobreza. Con su obra esperaba la protección de los Medici, vueltos al poder.

El príncipe puede ser considerado como un ensayo sobre la dinámica de lo político, de estudio de “las variaciones de los gobiernos”, cuyo objeto era establecer en el curso del relato los factores que determinan los cambios en las posiciones de poder sobre este o aquel territorio. Son esos stati, estados, dominios, de Cosme de Médicis o de los Bentivoglio, que en el vocabulario de Maquiavelo se deslizan hacia la noción moderna del Estado cuando el término designa a la organización política.

Como repetidamente se ha escrito, la descarnada exposición de la lógica de lucha por el poder en El príncipe, alejada de todo condicionamiento moral y religioso, convirtió al libro en manual para un posible ejercicio del poder violento e inmoral. No en vano es interminable la lista de sus discípulos, desde Napoleón a Mussolini, sin olvidar al dictador congolés Mobutu. Por eso el joven Raymond Aron, siempre perspicaz, puesto a descifrar “el misterio de la claridad” de Maquiavelo, y centrándose en El príncipe, le señaló como el origen doctrinal de las tiranías modernas. Sobre la base de una concepción pesimista de la naturaleza humana, y utilizando un método experimental y racionalista, Maquiavelo fue a parar a “la exaltación de la voluntad humana y de los valores de la acción”. Los grandes dictadores del siglo XX estarían ahí prefigurados.

Partiendo de una idea pesimista del hombre terminó exaltando “los valores de la acción”

Conviene recordar, sin embargo, que el modelo del “príncipe nuevo” se apoya sobre el citado análisis experimental y racionalista, sin presuponer en modo alguno su deseabilidad. Maquiavelo lo avisó en uno de los capítulos más citados de El príncipe: creyó “útil” indagar sobre “la verdad efectiva de la cosa” antes que ofrecer una visión “imaginaria”, idealizada, de la misma. Los espejos de príncipes para nada servían. Por lo demás, sabemos que la acción de Maquiavelo como hombre público consistió en un servicio leal a la República de Florencia desde cargos de primera importancia y que la exhortación final dirigida a Lorenzo de Medici tiene por finalidad hacerle asumir sus deseos patrióticos de liberar a Italia de los extranjeros. “Amo la patria mía más que mi alma”, confiesa en otra carta a Vettori. Únicamente teniendo esto en cuenta, es dado comparar a Maquiavelo con Carl Schmitt, como también suele hacerse, pues ambos se adscriben a una lógica política de signo decisionista; el propio Schmitt sugirió más de vez que eran almas gemelas. Solo que el realismo político de Maquiavelo, a diferencia del schmittiano, resulta compatible con su voluntad de hacer viable un régimen de libertades públicas, de vivere libero, para su patria.

No se trata de una técnica del poder aconsejada por Maquiavelo al “príncipe nuevo” sobre el patrón de César Borgia. Análogos métodos recomienda en uno de sus primeros escritos para someter a las poblaciones que se rebelaron contra Florencia. Falta solo introducir otro componente, el consenso, que le lleva a encontrar otro ejemplo de “príncipe nuevo”, el rey de España, Fernando, quien consigue el apoyo de sus súbditos mediante una política de empresas orientadas a tenerles siempre pendientes de sus iniciativas. Asimismo el príncipe que alcanzó el poder con el apoyo del pueblo, debe mantener su amistad.

La virtud, la capacidad del gobernante para poner en práctica todos los recursos a fin de lograr y conservar el poder, se convierte en virtud colectiva cuando en El príncipe menciona a los venecianos, enlazando con el Maquiavelo republicano de los Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Las primeras palabras de El príncipe dejaban ya claro que para Maquiavelo existían dos formas de dominación, de stati,principados y repúblicas, teniendo cada una de propia estructura de poder, base social y lógica de funcionamiento. Parafraseando a Montesquieu, son dos tipos de gobierno y si en los principados el principio del gobierno es la virtud del príncipe, en las repúblicas lo sería el patriotismo: “La entrega a la patria es el mayor honor para un hombre”. Y ello requiere en el orden económico la igualdad, en tanto que la desigualdad resulta incompatible con las repúblicas y es la base del principado. El ejemplo romano hace ver la primera como un equilibrio, logrado gracias al enfrentamiento de los nobles con el pueblo, los dos humores del cuerpo político; ninguno de ellos debe quedar al margen del poder. Surgió así “una república perfecta”, antítesis del conflicto generalizado descrito en El príncipe.

Los hombres son desleales e inclinados al mal, y los gobernantes no pueden ignorarlo

La visión antropológica pesimista domina la escena en El príncipe y en los Discursos. Los hombres son tristi,egoístas, desleales, inclinados al mal, y los gobernantes no pueden ignorarlo. Pero aunque la naturaleza humana no cambia, sí cabe considerar que desde tiempos de Roma la condición de los hombres se degradó (traligna), siendo preciso buscar en los tiempos antiguos las soluciones para el presente, tanto en la organización política como en la militar, por cierto contemplada desde el ángulo del ciudadano en El arte de la guerra. Como sujeto colectivo, dentro de un marco institucional, el pueblo se convierte entonces en garantía de la libertad pública, pues su interés consiste en rechazar la opresión. La finalidad consiste siempre alcanzar el equilibrio, logrando la articulación de las ordini, el orden institucional, premisa de las leyes, con la materia, el cuerpo social. Incluso resulta posible soñar con “los tiempos áureos en que cada uno pueda sostener y expresar sus opiniones”. En suma, un vivere politico opuesto a la “autoridad absoluta”, corruptora de la materia. Los pueblos aman el vivere libero, pues de ello depende su bienestar, ya que es el bien común y no el particular lo que engrandece las ciudades.

Solo ignorando una parte de su obra, resulta posible limitar la aportación teórica de Maquiavelo a sus recomendaciones sobre la estrategia del mal para el “príncipe nuevo”, y menos sirve considerarle un teórico del absolutismo. Puestos a buscar un ejemplo contemporáneo, recordemos una película de Gillo Pontecorvo La batalla de Argel, realizada para denunciar al colonialismo francés, lo cual de poco sirvió pues fue prohibida en Francia, al tiempo que su rigurosa descripción de los mecanismos contraterroristas hizo de ella un material obligado en las escuelas de torturadores de Latinoamérica. Sería absurdo culpar de esa lectura al director italiano, como también lo es ver en Maquiavelo solo una fuente de perversiones políticas por atenerse a “la verdad efectiva". Otra cosa es reconocer la existencia de legados opuestos atendiendo a las dos vertientes principales de su pensamiento, la que utilizarán los tiranos y la republicana. Y no son las únicas. Ahí está la reivindicación del amor y del humor en su comedia La mandrágora, “porque la vida es breve, y muchas son las penas que viviendo y esforzándose cada uno soporta”.

Antonio Elorza es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/12/02/opinion/1386014240_024481.html

Regreso al siglo XIX

El nuevo Consejo General del Poder Judicial se ha constituido tras un cambio legal que confirma la experiencia de que cada reforma de esta institución desdichada es para peor: en su nueva versión es menos plural, con un predominio absoluto de la mayoría, vocales de primera, segunda y tercera, y menos poderes para cumplir su función constitucional. El Consejo ha funcionado mal desde su creación en 1980, inane en la defensa de la independencia de los jueces y deslegitimado por su condición de teatro secundario de la política general. Pero esta reforma no lo hace más efectivo: utiliza su ineficacia anterior para justificar un vaciamiento de sus competencias y un proceso de concentración del poder de nombrar a los cargos judiciales y disciplinar a los jueces.

Pese a la crítica unánime y a las promesas electorales, la renovación de 2013 se ha hecho como siempre. Aburre volver a contarlo: los dos partidos mayores se han repartido los vocales por cuotas y convidado a otros tres. Cada uno ha propuesto a sus candidatos sin opinar sobre los demás. El Congreso y el Senado ha examinado solo a los que no son jueces en comparecencias de 15 minutos —comprendidos los de llegar al estrado, ponerse las gafas y beber agua— y resuelto que son idóneos. Constituidos luego en Consejo, los nuevos vocales han elegido como presidente al que los medios llevaban semanas anunciando.

El nuevo sistema pretendía desapoderar a las asociaciones judiciales, que ya no proponen a los candidatos que deben ser elegidos entre jueces. Pero entre los 12 nombrados hay cuatro de la Asociación Profesional de la Magistratura, cinco de Jueces para la Democracia, solo tres no asociados y ninguno de las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que han puesto voz al hartazgo de los jueces desde 2007. También pesa la jerarquía: aunque la Constitución dice que tiene que haber vocales de cada una de las tres categorías judiciales, los magistrados del Tribunal Supremo (4 de 83) están sobrerrepresentados; los magistrados a secas, infrarrepresentados (9 de 4.455); los jueces, que son 648, ausentes. Cinco de los elegidos son presidentes de tribunales, salas o audiencias.

El cambio esencial es que el Consejo nombrará por mayoría simple (en vez de la cualificada precisa hasta ahora) a los magistrados del Tribunal Supremo, a dos del Constitucional y a los cargos judiciales. Durante los próximos cinco años, la mayoría nombrará a la mitad de los magistrados del Supremo y a los presidentes de todos los tribunales superiores sin tener que alcanzar acuerdos con o aceptar candidatos de la minoría. Es verdad que no siempre se acierta —hay personas imprevisibles, impenetrables, que siguen su criterio sin concesiones—, pero la intención suele ser nombrar a los cercanos, ideológica o socialmente.

La mayoría nombrará a la mitad del Supremo y a los presidentes de todos los tribunales superiores

El nuevo Consejo concentra sus poderes en una comisión permanente de seis miembros, los únicos que tendrán dedicación y sueldo completos. A los demás les quedan un pleno desangelado y unas dietas. Habrá, por tanto, vocales de primera (los de la comisión permanente), segunda (los demás de la mayoría) y tercera (los de la minoría). El empeño en eliminar esos 15 sueldos busca producir un efecto, pero quizá hubiera sido más útil aprovechar a tiempo completo la experiencia y el buen sentido de los vocales y renunciar a alguno de los cientos de contratados de confianza en las Administraciones Públicas. Y, de paso, a los problemas y recusaciones que provocará el inusual régimen de (in)compatibilidades.

Claro que para la concepción que inspira la reforma no sobran 15 vocales, sobran los 20: bastaría un presidente con una oficina. Lo que pasa es que eso es... el Ministerio de Justicia. Y la Constitución quiso, además, otra cosa: un Consejo numeroso, articulado como un colegio, todos cuyos vocales tengan voz y voto, para reflejar la pluralidad ideológica de los profesionales jurídicos y de la sociedad a la que sirven y alejar las decisiones sobre nombramientos, estatuto y disciplina de la órbita del ministerio.

La reforma acentúa su condición auxiliar, o jubilar, de una política que se ocupa poco de que el sistema jurisdiccional produzca mejores sentencias y aún menos de que los jueces que investigan al presidente de una diputación, a un consejero autonómico o al tesorero de un partido se sientan protegidos si las resistencias normales se tornan presiones o amenazas. Ha creado un “promotor de la acción de la justicia” para los procedimientos disciplinarios contra los jueces, pero ningún instrumento eficaz para defenderles en esos casos.

En la reducción del Consejo a un papel de reparto convergen varios afanes: uno clásico de concentración del poder, en que el Ministerio de Justicia ha neutralizado a una institución rival; otro que juega con los eternos deseos de inmunidad del poder; un tercero de autoafirmación de una parte del Tribunal Supremo, que sufre con irritación la deficiente articulación con el Constitucional; otro, en fin, de normalización frente a las huelgas, las asociaciones protestantes y el Consejo de 2008, que fue sensible al malestar de los jueces e impulsó mejoras en el estatuto y las condiciones de trabajo de los jueces, hasta que su segundo presidente reunió una mayoría más preocupada de no molestar que de mejorar alguna cosa.

Los vocales han 'elegido' como cabeza del CGPJ a quien se sabía de antemano que iba a serlo

El resultado es una reacción contra la propia idea constitucional de un CGPJ: un paso de vuelta hacia el sistema de gobierno del siglo XIX, con su apoliticidad profundamente conservadora, su jerarquización inductora del conformismo y los incentivos de una carrera en cuyos escalones superiores —la alta magistratura que describe Alejandro Nieto— se hace un trabajo interesante y queda tiempo para pensar y escribir, mientras los inferiores —la baja magistratura— sobreviven como pueden a la montaña sisífea de sentencias pendientes, a las bajadas de sueldo y a los constantes cambios legales en las competencias, los procedimientos y las tasas. Que como no son consecuencia de estudios rigurosos, parecen cosa de artilleros que no supieran matemáticas: a veces aciertan, pero sobre todo hacen ruido y crean confusión, también en las propias filas.

La idea de que una mayoría simple, que representa quizá a un tercio del electorado, decida por sí sola quiénes serán todos los más altos jueces del país revela una concepción preocupante del poder. La calidad de una cultura democrática se mide precisamente por lo contrario: por la división y la limitación del poder, la complejidad y el pluralismo que incorpora. Para ser eficaz, el Consejo no necesitaba ser reducido a una máquina monocroma y jerárquica. Necesita más transparencia sobre los méritos de sus integrantes y las razones de su elección; más pluralismo en su composición y sus nombramientos; más compromiso en su funcionamiento con los fines de la institución y con las viejas exigencias del derecho administrativo: mérito, capacidad, publicidad, motivación, eficacia... Necesita aportar más, y no menos, al sistema de garantías de la independencia judicial. No es una cuestión corporativa: la distancia entre los elevados principios y la triste práctica del Consejo contamina la percepción pública del entero sistema jurisdiccional, alimenta la sospecha de desigualdad ante la ley y perjudica al crédito del país en las terribles clasificaciones globales.

La prisa que se han dado los partidos en sumarse al acuerdo de reparto no es un buen augurio sobre lo que vendrá cuando cambie el turno. Pero ni el sistema de gobierno judicial ni el de partidos están a salvo de la creciente conciencia de que esto no es… Y ningún retorno al pasado es para siempre: el paso del tiempo, el cansancio de los sometidos y la entropía lo erosionan indefectiblemente, hasta que un momento de lucidez colectiva o un reformador impulsan de nuevo el predominio de los valores sobre la autoridad, el interés de los ciudadanos sobre el de la política, el pluralismo sobre el acaparamiento de las instituciones. Siempre hay —a la derecha y a la izquierda— vocales conscientes de que su cargo es para servir a un fin constitucional, no a estrategias de poder. Si sobreviven a la dieta que les espera, las asociaciones judiciales quizá logren explicar lo que pasa de modo inteligible para el público en general. Habrá jueces que no se resignen al malestar y salgan de su aislamiento para colaborar con otros —y pasarlo bien—, porque hay que filosofar y reír al tiempo, como aconseja el sabio Epicuro.

Diego Íñiguez es magistrado.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/12/05/opinion/1386257293_269314.html

La difícil reforma petrolera en México

Para muchos mexicanos, abrir o no abrir el sector energético a la inversión privada es mucho más que una decisión práctica: es un dilema existencial, como si permitirla significara perder el alma de la nación.

El Congreso mexicano discute estos días la reforma energética presentada por el presidente Peña Nieto. Se trata de modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución para permitir los contratos de utilidad compartida entre el Gobierno y las empresas privadas para la exploración y extracción de petróleo y gas a lo largo del territorio, así como en las aguas profundas del golfo de México. La reforma propone también abrir toda la industria a la competencia: refinación, almacenamiento, transporte, distribución, petroquímica básica.

La propuesta tiene un significado histórico que es imposible desdeñar. En 1938, el Gobierno nacionalizó el petróleo y en 1960 otorgó el control total de la industria a Pemex, un monopolio del Estado.

La reforma, que ha sido avalada por el Senado y ahora pasa a la Cámara de Diputados, requiere, para su aprobación total, de las dos terceras partes del voto que se alcanzan con la representación del PRI, el PAN (partido de centro derecha, que propone una liberalización aún mayor) y algunos partidos pequeños. Los legisladores del PRD (partido de izquierda moderada) votarán en contra.

La principal oposición no está en el Congreso, sino en las calles, que son y serán escenario de protestas airadas y significativas. Esta corriente opositora, representada sobre todo por Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) tiene un líder: Andrés Manuel López Obrador. Tras dos derrotas sucesivas en las elecciones presidenciales, se perfila ante una tercera oportunidad en 2018, y ninguna plataforma es más legítima para hacerlo que la de constituirse en el baluarte contra la reforma que él, y sus millones de seguidores, consideran una traición a la patria. En un discurso reciente, López Obrador comparó la potencial aprobación de la reforma energética con la pérdida de Texas en 1836, y equiparó a Peña Nieto con Santa Anna, el general que perdió la guerra contra Estados Unidos y a quien los textos de historia recuerdan como un traidor.

Los opositores sostienen que Pemex puede realizar por sí sola y con éxito la exploración de aguas profundas y los depósitos de gas y petróleo de lutitas (shale), si el Gobierno le permitiera invertir más. No obstante, la inversión en exploración se ha sextuplicado en los últimos 10 años(de 4 a 25 millones de dólares), sin mayores resultados. Mientras Estados Unidos está en camino de lograr su autosuficiencia gracias a los 150 pozos que perfora cada año en el golfo de México y, sobre todo, a los cerca de 10.000 nuevos pozos anuales de shale,Pemex solo ha perforado cinco pozos al año en aguas profundas del Golfo y sus planes anuales para el shale son de apenas 140 pozos. Adicionalmente, México debe importar cantidades considerables de gas y gasolina.

La oposición al cambio la lidera López Obrador, perdedor de dos elecciones presidenciales

¿Cómo explicar entonces el rechazo a celebrar contratos de utilidad compartida con empresas privadas? ¿Por qué, a diferencia de Noruega o Brasil, México tiene impedimentos para desarrollar su compañía petrolera pública convirtiéndola en una empresa que se beneficie exitosamente de la asociación o la competencia con compañías privadas?

La primera explicación está en el controvertido historial de las privatizaciones en México, proceso que ocurrió en los años noventa y que el público percibió como discrecional y no equitativo. Dicho lo cual, la actual reforma energética no es un acto de privatización. La propiedad no se transferirá a las empresas involucradas.

La segunda razón —mucho más honda y compleja— es la sensibilidad nacionalista. La Constitución de 1917 —promulgada tras una revolución social que estalló en 1910— fue el documento fundacional de un México nuevo. Su emblemático artículo 27 dio a la nación la propiedad originaria del suelo y el subsuelo, que en tiempos coloniales había pertenecido a la Corona española. Por dos décadas, las compañías petroleras inglesas, holandesas y americanas (enclaves extraterritoriales que manipulaban la contabilidad y apenas pagaban impuestos) se negaron a acatar la legislación, hasta que en 1938, a raíz de un conflicto laboral, el presidente Lázaro Cárdenas las expropió. La reacción popular fue espontánea: las damas ricas regalaron joyas, la gente pobre regalaba gallinas, todo para pagar la deuda a las empresas extranjeras.

Desde entonces, en libros de texto, ceremonias y monumentos se ha conmemorado la acción de Cárdenas como una restauración de la dignidad nacional. Y lo fue, en muchos sentidos. Con esos antecedentes, se entiende por qué para muchos mexicanos —incluido Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general y respetado líder de la izquierda moderada— la reforma energética parece representar un pecado contra la historia.

Pero hay un tercer motivo —poco discutido por la oposición— que es, a mi juicio, el más poderoso y convincente: el temor a que el incremento en renta petrolera simplemente eleve el nivel de la corrupción hasta los extremos alcanzados durante el último boom petrolero que arrancó en los años setenta y desembocó en una experiencia traumática para el pueblo mexicano. Administrando mal la abundancia y los altos precios del mercado, el Gobierno del PRI multiplicó entonces la burocracia, se embarcó en proyectos despilfarradores, contrajo una gigantesca deuda externa y condujo al país a la quiebra y a la desastrosa devaluación del peso en 1982.

Muchos mexicanos viven el debate como si representara un dilema existencial para la nación

Dado el pasado desempeño de los Gobiernos, es legítimo permanecer escéptico. La oposición podría hacer un gran bien si se enfocara en proponer esquemas prácticos para prevenir la repetición del fiasco económico: mantener una estrecha vigilancia sobre los contratos, certificar la productividad y transparencia de las nuevas inversiones públicas, crear un fondo para desarrollo futuro (como en Noruega), monitorear los posibles daños ecológicos, reestructurar y modernizar Pemex y, lo más importante, asegurar que las utilidades no se canalicen a la expansión de la burocracia, sino que lleguen al pueblo mexicano.

Frente a la negativa, hasta ahora completa, de la oposición a la reforma energética, el Gobierno deberá convencer con urgencia al público de que esta vez será distinto, de que ahora la nueva riqueza generada llegará a manos de los supuestos dueños: los mexicanos, en particular las decenas de millones de mexicanos que más lo necesitan.

Enrique Krauze es escritor mexicano y director de la revista Letras Libres.

 fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/11/22/opinion/1385112907_297006.html

Los bonus de la ciencia

Aprovechando el eco mediático tras haber sido Nobel de Medicina 2013, el biólogo norteamericano Randy Schekman ha lanzado un obús contra el modo de operar del selecto grupo de revistas que, como Nature, Cell y Science, monopolizan la comunicación científica.

En un artículo en The Guardian las acusa de condicionar el desarrollo del progreso científico con incentivos que responden más al interés de la propia revista o de los científicos que al de la sociedad o la ciencia. Y para explicarse, se ha referido a los bonus, stock options y otros incentivos “que son racionales para los individuos, pero perjudiciales para el sistema financiero”, pues los ejecutivos pueden acabar anteponiendo sus propios intereses a todo lo demás. No le falta razón.

Las revistas científicas basan su prestigio en la llamada “revisión por parte de sus pares”, en la que los artículos son examinados, antes de su publicación, por científicos relevantes del área en cuestión. Publicar en estas revistas se ha convertido en el principal mecanismo de reputación científica y un baremo para obtener cátedras o financiación. Como las agencias de rating en la calificación bancaria, unas pocas revistas tienen la llave de la fama y de los recursos en el mundo científico.

En este sistema se mide la importancia de un trabajo científico en función del indicador llamado “factor de impacto”, es decir, el número de veces que ha sido citado por otros científicos.

Obviamente, cuantos más artículos con muchas citas publique la revista, mayor será su relevancia, de modo que, como sostiene Schekman, el “factor de impacto” se ha convertido en un fin en sí mismo. Y acaba condicionando la selección de los artículos. Eso significa que a veces dejan de publicarse trabajos importantes, pero de ámbitos restringidos, y en cambio se publican otros menos relevantes, pero susceptibles de generar una amplia controversia.

Los científicos se han acomodado a este sistema, pero hace ya tiempo que surgieron voces y  proyectos discrepantes, como la Public Library of Science (PLoS), a los que ahora se suma Schekman con una revista de acceso libre, eLife. El Nobel ha hecho un llamamiento a “liberarse de la tiranía de las revistas de lujo”. El debate, desde luego, no es baladí.

fuenteshttp://elpais.com/elpais/2013/12/12/opinion/1386875908_425047.html

http://elpais.com/elpais/2013/12/12/opinion/1386875908_425047.html

La provocación de Mas

Artur Mas y sus aliados políticos han lanzado un desafío en toda regla: aquí están las preguntas del referéndum sobre el Estado catalán, esa es la fecha y estas son las fuerzas políticas catalanas decididas a implicarse hasta el final. Una expresión unilateral de su voluntad, destinada a dejar claro al resto de España, y al conjunto de los catalanes, que no les importa abrir una crisis constitucional, si ese fuera el precio del objetivo que se han propuesto, absolutamente irrealizable bajo las leyes que el conjunto de los españoles se han dado.

Pero ningún proceso político se puede conducir a base de golpes de fuerza en sociedades civilizadas y democráticas. No tiene sentido llevar a Cataluña y al resto de España a la parálisis de cualquier asunto por el agravamiento de las tensiones soberanistas. Lo que hay que hacer es trabajar por el entendimiento y tratar de resolver las reclamaciones justas, sin permitir a los separadores que se salten todos esos pasos y precipiten a la sociedad en una sima en la que nadie, ni de Cataluña ni del resto del España, puede tener la esperanza de encontrar soluciones milagrosas: más bien, la promesa de muchos destrozos.

La pelota no está ahora en el otro tejado, si por tal se entiende una duda razonable sobre la respuesta que los partidos estatales iban a dar al planteamiento del referéndum y de la fecha. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado su negativa a cuestionar la soberanía del pueblo español. El PP se niega a aceptar la posibilidad misma de la consulta y Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del Partido Socialista, que tampoco está de acuerdo con el ejercicio de un pretendido derecho de autodeterminación, no ha sido menos firme al juzgar el órdago de Mas: “Llevaría a los catalanes a un callejón sin salida”. Ni que decir tiene que la propuesta de las preguntas formuladas está en las antípodas de lo que piensa UPyD, mientras que IU se muestra más discreta ante las diferencias con sus socios de ICV.

Con esta iniciativa, Mas obtiene un magrísimo rédito político a corto plazo. El presidente de la Generalitat salva la dificultad en que le había situado ERC, que amenazaba con no votar los Presupuestos para 2014. A su vez, la doble pregunta propuesta: (¿quiere que Cataluña sea un Estado? ¿Quiere que este sea independiente?) pretende aliviar las tensiones internas en CiU y en ICV, entre los convencidos de la vía independentista y los que prefieren un pacto con el resto de España. Se aleja la posibilidad de que Mas entre en razón y se libre de la dinámica suicida en la que le ha colocado ERC, a costa de un año preñado de tensiones y desafíos, y de un desbordamiento más que probable del nacionalismo convergente por parte del independentismo radical.

Editoriales anteriores

Cataluña y España (16/09/2013)

Las ataduras de Mas (29/08/2013)

Declaración suspendida (09/05/2013)

No al unilateralismo (13/01/2013)

Descartada la rectificación de Mas, se impone la cordura. Pese al despropósito cometido por el presidente de la Generalitat, el Gobierno y las fuerzas estatales tienen que buscar vías para desactivar el conflicto. La estrategia de envolverse en la Constitución, con la esperanza de que eso lo bloquee todo, puede ser vana. Ni la Constitución es un frontón frente a toda reclamación, ni hay que considerarla un texto inamovible. Pero también hay que trabajar por un cambio en las mentalidades: nada de España contra Cataluña, ni de Cataluña contra España. Nadie vivirá mejor separándose, ni tampoco Cataluña será mejor acogida en Europa. Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, lo reiteró ayer: si una parte de un Estado se separa, los Tratados de la UE dejan de aplicarse ahí y pasa a ser un “país tercero”. También las sociedades plurales que integran España deben movilizarse, porque preservar la convivencia y la cohesión es un objetivo capital.

fuentes http://elpais.com/elpais/2013/12/12/opinion/1386878276_209378.html