lunes, 1 de abril de 2013

La feria de las etiquetas


Los enemigos del pensamiento son muchos y variados. Ya nos advertía hace años Alain Finkielkraut de su inevitable derrota a pies de la banalidad, el eslogan y el prêt a porter ideológico. Últimamente ha sido Nicholas Carr quien nos ha prevenido de la superficialidad galopante de la cultura digital, que amenaza con acabar de una vez por todas, a base de distraídos clicks,con la reflexión y el pensamiento más o menos ilustrado, además de convertir a las nuevas generaciones en legiones de expertos taquígrafos que toman lo que les apetece de la red y, quién sabe si de la vida misma, cuándo y cómo quieren.
Pero hay otro poderoso enemigo del análisis fundamentado y del diálogo basado en argumentos dignos de tal nombre, y es la pasión por la taxonomía o, para entendernos en un lenguaje más coloquial, la formidable afición por el etiquetado ideológico que existe en nuestro país de países, como consecuencia (o causa, no lo tengo muy claro) de la guerra de trincheras de opinión que no cesa y que imposibilita una cuestión previa de cualquier proceso reflexivo: la disposición a escuchar al Otro sin prejuicios, la presunción sincera de que, por disparatada que nos parezca su deposición, puede albergar parte de verdad.
Bien al contrario, la tendencia actual en todos los ámbitos después de los años de encantamiento democrático tras la dictadura, es el desdén hacia opiniones que presumimos manchadas por algún que otro pecado original. "Dice tal cosa porque es tal o pertenece a cual", "Claro, qué va a decir si…", son pensamientos que se nos filtran a todos por entre los resquicios neuronales, para llegar al reduccionismo más aberrante, a lo peor infundido por el auge planetario de la razón político-económica neoliberal. A veces da la impresión de haber vuelto a los orígenes de la Transición, cuando los unos llevaban greñas y trenca y los otros bigotillo de mosca y pulseras rojigualdas. Demasiadas alforjas para tan poco viaje.
El primer prejuicio aflora cuando vemos al prójimo con tal o cual periódico bajo el brazo
Para quienes escribimos y opinamos en público es tarea ardua (¿utópica?) el sustraerse a este estado de opinión denigratorio. Empezando por publicar en este u otro medio, de hecho el primer prejuicio aflora cuando vemos al prójimo con tal o cual periódico bajo el brazo, "¡qué va a pensar éste con la bazofia que se echa al coleto!", ¡qué vamos a esperar de los medios del carajillo party los seguidores del blog del catavenenos José Mª Izquierdo!, ¡qué van a pensar ellos de quienes enarbolamos prensa progre!, ¿No es lógico que nos tomen por intelectuales buenistas, tontos útiles, compañeros de viaje de nacionalistas y demás ralea o cualquier cosa peor, a tenor de lo que escriben?
Es imposible sacudirse la etiqueta que te han adjudicado por mucho que uno se esfuerce en demostrar no ya su objetividad (nuestra cosmovisión es siempre subjetiva), sino un decidido empeño por huir del sectarismo. Tú eres progre y sobre esta progresía construirás tu marco mental, parecen decirte emulando a Pedro, el fundador de la Iglesia. ¡La Iglesia!, ¿cómo evitar que te llamen comecuras si te atreves a cuestionar el espectáculo vaticano realzando su alejamiento del pueblo doliente y plantear la equiparación de la mujer al hombre en el seno eclesial? O la monarquía: ¿puedes impedir que te etiqueten de irresponsable si osas sugerir que podría ser positiva una abdicación dados los achaques físicos y morales del actual inquilino de la Zarzuela?
Desde Menorca no se ven las cosas con el victimismo de los nacionalistas ni con el numantinismo de los que se sienten solo españoles
En otro asunto crucial de nuestra convivencia, el llamado territorial, el empeño es aún más inútil dadas las pasiones que suscita. Así, desde mi mirador mediterráneo, una isla que fue británica, francesa y española en el siglo XVIII (¡qué nos van a explicar a los menorquines de pertenencias e identidades!), no vemos las cosas con el desgarro victimista de los nacionalistas catalanes (pese a que pertenecemos a la misma comunidad lingüística lo que crea no poca afinidad sentimental) ni con el numantinismo de los que se sienten únicamente españoles (también nacionalistas muy a su pesar) y/o enarbolan una pétrea Constitución. Pues aún así, no nos libramos del calificativo de peligrosos catalanistas si se nos ocurre defender la protección de nuestra lengua, sea en inmersión libre o con botella. Y no digamos si manifestamos nuestra estupefacción por la desaforada reacción suscitada por las declaraciones del fiscal superior de Cataluña.
El asunto del etiquetado se pone definitivamente chungo si tienes el coraje de discutir el dogma de "que sólo los individuos tienen derechos, no los territorios", por creer, quizás ingenuamente, que esos individuos suelen agruparse por diversas afinidades, la lengua entre ellas, en comunidades territoriales a las que dotan de instituciones democráticas que un día pueden articular una mayoría que solicita pacífica y democráticamente la opinión a sus ciudadanos con derechos individuales sobre el futuro de su propia comunidad. Entonces te la has cargado, como mínimo ya eres cómplice de los nacionalismosdisgregadores. Y no digamos en sentido contrario: quienes en Cataluña se atreven a cuestionar la doctrina oficial sobre el derecho a decidir son considerados poco menos que legionarios cabrunos.
Reconocer la disminución de la pobreza y el analfabetismo en Venezuela puede convertirte en nostálgico del Che
Estos días, otro acontecimiento pone difícil salir por peteneras de la pasión taxonómica: la muerte de Hugo Chávez. Reconocer la notable disminución de la pobreza y el analfabetismo en Venezuela en los últimos años puede convertirte de la noche a la mañana en nostálgico del Che, por mucho que matices que el precio pagado ha sido demasiado alto, en forma de instituciones pervertidas, inseguridad jurídica, clientelismo, división social y arrasamiento de la clase media. Si has pronunciado la primera premisa, te has caído con todo el equipo y si sólo destacas lo segundo puedes estar incubando a un desalmado neoliberal.
Lo dicho: opinar reflexivamente te puede convertir en pieza de museo o en motivo de befa. Le diré a mi mujer que trabajo de pianista en un burdel.
Pedro J. Bosch es médico oftalmólogo y periodista.
fuentes http://elpais.com/elpais/2013/03/28/opinion/1364496626_367876.html

¿Se puede cambiar el Tribunal de Cuentas?


Es posible impulsar la rendición de cuentas en España a partir de reformas en las instituciones que ya tenemos? En este artículo se proponen algunos cambios en la orientación y en el trabajo diario de dos tipos de organismos que podrían reforzar la rendición de cuentas. Un ámbito que debería cubrir tres funciones: el control de legalidad contable y financiera, el análisis de alternativas más eficientes a las formas en que actualmente se prestan los servicios públicos y la evaluación compleja y con tiempo de las políticas públicas.
La primera y más tradicional de estas funciones está asignada al Tribunal de Cuentas y a sus análogos autonómicos. La función de evaluación de políticas por parte de organismos públicos se empezó a desarrollar hace pocos años con la creación de AEVAL, una agencia interministerial de evaluación de las políticas y de la calidad de los servicios públicos que ha producido informes de calidad variable. En Cataluña, la función ha correspondido a Iválua, un consorcio entre Generalitat y Diputación de Barcelona, que ha producido un menor número de informes, pero de una mayor calidad.
No es fácil cambiar la inercia de un monstruo burocrático como el Tribunal de Cuentas con 800 empleados y un presupuesto de más de 60 millones de euros. Para obtener un mejor rendimiento de unos recursos que no tienen otras instituciones necesitaría un cambio de orientación. Por ejemplo, su análogo británico define su función como “ayudar a los gestores públicos a mejorar el rendimiento en la distribución de servicios públicos” y está obsesionado con la búsqueda de formas alternativas de provisión de servicios más eficientes. Se puede argumentar que la cultura británica es distinta, pero en otros países continentales también cambió la orientación. En Holanda, la función del organismo correspondiente ha evolucionado hacia la supervisión de la rendición de cuentas por parte de los ministerios y el análisis de la relación entre decisiones de política y servicios realmente distribuidos.
Tal vez sea ahora menos arduo acometer esa transformación ya que cada vez es más sentida la necesidad de políticas más efectivas
Se argumentará que en la actual situación de extensión de la corrupción se necesita más control de legalidad. No parece que esta sea la mejor estrategia, tanto por la imposibilidad de controlarlo todo y a tiempo como porque, en no poco documento auditado, hay un margen considerable de manipulación. En Reino Unido y en Holanda, el control es tanto o más eficaz que en España y, sin embargo, su estrategia ha sido trasladar la responsabilidad de la auditoría al control interno de los organismos, con el fin de liberar recursos para desarrollar las funciones que permiten alimentar la rendición de cuentas exigida por los ciudadanos. En el caso británico, la institución destina un número de empleados similar a los del Tribunal de Cuentas español a dos grandes funciones: auditoría contable y análisis de eficiencia descrito como value for money. Para esta segunda función cuenta con personal con formación distinta a la del clásico auditor: estadísticos, expertos en técnicas de investigación social, técnicos de nuevas tecnologías. Según su página web, su actuación supuso un ahorro de un billón de libras en 2011 al impulsar cambios en la contratación de servicios de defensa, sanitarios y locales. En el caso holandés, la institución correspondiente cuenta con 300 empleados que en buena parte dejan el trabajo de auditoría en manos de los mismos ministerios, instituciones de auditoría regionales o empresas externas. Ello les permite liberar tiempo y recursos humanos para controlar que los ministerios cumplen con su obligación de crear y utilizar sistemas de evaluación de la efectividad de las políticas o para entrar directamente a analizar si “el dinero público se utiliza con buenos efectos”.
¿Por qué no adoptar la misma estrategia en el Tribunal de Cuentas español, incorporando personal adecuado para desarrollar las funciones del value for money inglés o de la “revisión de la performance”holandesa? Ya en 1975 cuando en EE UU se creó la Congressional Budget Office, su primera directora exigió que al lado de los contables se creara otra división con profesionales que no fueran contables o todos acabarían haciendo únicamente contabilidad.
Tanto AEVAL como Iválua son organismos recientes y de menor tamaño, pero con presupuestos no despreciables. El trabajo de estos organismos no debería concentrarse tanto en elaborar un estudio tras otro como en gestionar los flujos de información que se generan en distintas fuentes con el objeto de alimentar debates sobre problemas concretos y las mejores formas de intervención pública: por qué España sale mal parada en los rankings PISA, si hay otras maneras de dar servicio a las personas dependientes, qué modelos de intervención sobre parados tienen más éxito, etcétera. Para ello, necesitan la complicidad de Gobiernos, Parlamentos y medios de comunicación serios.
Tanto los cambios en las funciones del Tribunal de Cuentas como en los organismos de evaluación presentan dificultades de importancia diferente. Pero tal vez sea menos arduo acometer ahora dichos cambios cuando cada vez es más sentida la necesidad de políticas más eficientes. Y cuando los políticos se ven obligados a mostrar resultados e intentar recuperar el prestigio perdido.
Xavier Ballart es profesor de Gestión Pública y Análisis de Políticas en la UAB.
fuentes http://elpais.com/elpais/2013/03/22/opinion/1363948300_138055.html

La inmersión lingüistica en el contexto europeo


Como es bien sabido, el Gobierno catalán está realizando diferentes pasos en su hoja de ruta hacia una Cataluña independiente y uno de estos pasos es explicar este proyecto en la Unión Europea con la intención de conseguir su apoyo. Me gustaría plantear la siguiente pregunta: una hipotética Cataluña independiente que quisiera formar parte de la Unión Europea, ¿encontraría el apoyo de la UE al sistema de inmersión lingüística que se practica en las escuelas?
Hasta ahora, la UE no se ha pronunciado sobre el modelo lingüístico catalán, siguiendo su principio de no inmiscuirse en los asuntos internos de los Estados miembros. Sin embargo, la práctica escolar europea, la legislación internacional y la filosofía lingüística que rige en la UE conducen a pensar que Bruselas muy probablemente pondría objeciones al sistema de inmersión.
Empecemos por examinar la actual práctica escolar europea: en ninguna de las comunidades y países bilingües y trilingües de Europa se aplica el sistema de inmersión catalán. La razón de ello está en que todos estos países y comunidades integran sus lenguas oficiales en la educación como lenguas vehiculares.
Esta integración la realizan a través de dos modelos. El mayoritario es el de la doble red escolar a partir de la cual los ciudadanos escogen la lengua en la que quieren educar a sus hijos de entre las lenguas oficiales de sus territorios. Este es el caso de Finlandia, por ejemplo, que tiene una red de escuelas en finlandés y otra en sueco. También existe una doble red en Gales (galés-inglés), en Eslovaquia (eslovaco-húngaro), en Irlanda (irlandés-inglés) o en Bélgica, país en el que, como en España, también existen importantes conflictos lingüísticos. Allí existe una triple red, con escuelas en flamenco en Flandes, en francés en Valonia y en alemán en la parte este del país. En Bruselas, calificada oficialmente como bilingüe, hay una doble red en flamenco y en francés.
El actual sistema podría evolucionar hacia una educación bilingüe para todos los alumnos
De manera más minoritaria existe un segundo modelo lingüístico escolar en Europa: la educación multilingüe, que puede ser bilingüe o trilingüe. Se aplica, por ejemplo, en Luxemburgo, donde existe un modelo trilingüe. Todas las escuelas imparten la educación en las tres lenguas del país, el luxemburgués, el alemán y el francés, que van introduciendo gradualmente en este orden. Todos los alumnos asisten a estas escuelas. Este es también el caso de Frisia, la región del norte de Holanda, donde el frisón es lengua oficial junto al holandés. En esta comunidad, la mayoría de escuelas son bilingües, impartiendo algunas asignaturas en frisón y otras en holandés dependiendo de la etapa escolar.
Esta práctica escolar europea está fundamentada, además de en las legislaciones nacionales, en la legislación europea e internacional sobre el derecho a la educación en lengua materna. A nivel internacional, existe una amplia legislación sobre esta cuestión porque la lengua materna es un facilitador educativo de primer orden y una necesidad afectiva de todos los alumnos.
El derecho a la educación en lengua materna fue articulado internacionalmente como derecho de la infancia y la adolescencia hace más de medio siglo. El primer documento que lo reconoce es el elaborado por la Unesco en 1953, Empleo de las lenguas vernáculas en la enseñanza, y todos los documentos posteriores de esta institución inciden en la misma dirección. También especifica este derecho la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por todos los países miembros. Este derecho, como especifica la Unesco, no implica que todo el currículum escolar deba realizarse en lengua materna, pero sí una parte significativa de él.
En cuanto a la legislación europea sobre este tema, Europa se rige principalmente por la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias (1992), la cual especifica que los hablantes de lenguas minoritarias también deben poder educarse en su lengua materna si así lo desean. En la práctica, esta legislación se aplica siguiendo este principio: allá donde hay una comunidad suficientemente amplia de ciudadanos que hablan una lengua, siempre y cuando esta lengua sea también oficial, las administraciones educativas deben proveer educación en esta lengua.
La UE recomienda el aprendizaje y la activa promoción de todas las lenguas oficiales
Esta cuestión con respecto a Cataluña ya ha sido señalada por el Consejo de Europa. Véase para ello sus dos informes periódicos European Charter for Regional or Minority Languages: application of the Charter in Spain(diciembre de 2008 y octubre de 2012 respectivamente). En estos dos informes, los artículos referentes a la educación en Cataluña dicen explícitamente que, así como una educación exclusivamente en catalán es claramente un gran logro para los hablantes de esta lengua, en ningún punto de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias se requiere que esta educación sea obligatoria para todos los alumnos. Aquellos que desean una educación a través del español también deberían poder acceder a ella. Alternativamente, el actual sistema podría evolucionar hacia una educación bilingüe para todos los alumnos, con asignaturas en ambas lenguas. Es decir, el Consejo de Europa recomienda para Cataluña los dos modelos ya existentes en Europa.
Finalmente, la filosofía lingüística que rige en la UE es una filosofía abierta, moderna y pro-multilingüismo, con una práctica de respeto y valoración de todas las lenguas europeas. Todos los informes de la Comisión Europea sobre este tema recomiendan el aprendizaje y la activa promoción de todas las lenguas oficiales europeas, las cuales son percibidas como un recurso muy valioso para los ciudadanos y una riqueza cultural de toda Europa. Es por tanto incomprensible que solo una de estas lenguas, el español de Cataluña, deba quedar fuera de la educación como lengua vehicular.
Si algún día el sistema de inmersión es evaluado en términos europeos, será entonces claramente definido como lo que es: un modelo escolar monolingüe, obligatorio para todos los alumnos, en una comunidad bilingüe. Es decir, una excepción en Europa.
En mi opinión, es altamente improbable que Bruselas aceptara mantener este sistema escolar por las tres razones expuestas: la mitad de los alumnos de Cataluña tiene el español como lengua materna y es la lengua de uso habitual del 45% de los ciudadanos catalanes. Además de esta cuestión, todas las lenguas oficiales europeas son, por el hecho de ser oficiales, lenguas vehiculares en la educación. En tercer lugar, la exclusión del español de la educación es una práctica que se opone claramente al espíritu multilingüe que rige en Europa.
Así, es muy probable que Bruselas pidiera modificaciones sustanciales en el sistema de inmersión a una hipotética Cataluña independiente. Estos cambios solo podrían ir en una de las dos direcciones descritas: un modelo de doble red con escuelas en cada una de las dos lenguas oficiales o la provisión de una educación bilingüe catalán-español.
Mercè Vilarrubias es catedrática de Lengua Inglesa en la Escuela Oficial de Idiomas Drassanes de Barcelona y autora del libro Sumar y no restar. Razones para introducir una educación bilingüe en Cataluña (editorial Montesinos).
fuentes http://elpais.com/elpais/2013/03/19/opinion/1363724830_136932.html

Menos cohesión territorial


Los tres decenios largos de democracia en España han aportado una determinante mejora del aparato productivo, una mayor tendencia a la cohesión social aunque con altibajos y un aumento sustancial de la convergencia territorial. Prueba de esta última es que un alto número de regiones españolas que durante largo tiempo recibieron la máxima intensidad de las ayudas europeas han tenido que ir prescindiendo de las mismas al superar los umbrales de atraso estipulados. Es algo que no ha sucedido en países con desequilibrios similares, como Italia, cuyo Mezzogiorno continúa anclado en niveles de prosperidad muy precarios. Y en tanto que el éxito no es cosa dada, conviene destacarlo.
La larga crisis está siendo perjudicial para todos esos parámetros. Para la renovación de la base industrial. Para la nivelación social, en la medida en que el disparatado incremento del desempleo reduce la cuota de las rentas salariales en el pastel de la riqueza global. Y también para la cohesión territorial.
Varios son los elementos que más directamente afectan al aumento temporal de la dispersión territorial de la prosperidad. Uno es el impacto del carácter procíclico del sistema de financiación autonómica, que tiende a procurar menor intensidad de nivelación en épocas de caída de ingresos. Otro, quizá el principal, es de tipo estructural, al evidenciarse que la menor diversificación sectorial de las economías regionales más atrasadas las hace más vulnerables. Asimismo, cabe explorar si la inédita retracción del sector público en comunidades donde su peso relativo es mayor ha contribuido a su menor velocidad de crucero.
Y también hay que considerar la menor fuerza del apoyo de los fondos estructurales europeos al desarrollo regional. Ello no es achacable a la crisis, pero su calendario sí coincide con ella, al acercarse la fecha de caducidad del paquete presupuestario septenal (2007-2013) de la UE, que preveía un notable aumento de la prosperidad española y, por tanto, una ordenada pero consistente desaceleración de las transferencias. Lo que constituye un argumento más para la reconsideración del marco financiero 2014-2020, de entrada rechazado, con acierto, por la Eurocámara.
La cuestión fiscal acusa fuertes indicios de producir efectos nuevos, actuales y futuros. Así, por ejemplo, se dibuja una correlación bastante clara entre el nivel de austeridad registrado y las previsiones de crecimiento para 2013. Las cuatro regiones que ejecutaron los ajustes más drásticos el año pasado (Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia) se sitúan como probables farolillos rojos en la evolución del PIB en este ejercicio. Y en un sentido si no opuesto, al menos complementario, las comunidades autónomas del arco mediterráneo, que ostentan niveles de financiación per capita inferiores a la media, no lograron, en parte probablemente por ello, evitar las posiciones de mayor déficit.
Conviene que los organismos ad hoc —el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y algún día un Senado de vocación federal— sopesen con detalle todas estas tendencias para extraer conclusiones muy precisas sobre el esfuerzo fiscal relativo de cada protagonista, con vistas a adaptar las decisiones políticas a la realidad.
fuentes http://elpais.com/elpais/2013/03/30/opinion/1364674208_343975.html

Don Juan, el heredero que no pudo reinar


Era descendiente directo de un rey en su calidad de heredero legítimo de Alfonso XIII como tercer hijo varón (sus dos hermanos mayores, Alfonso y Jaime, renunciaron a sus derechos sucesorios por sus taras físicas: ambos eran hemofílicos y el segundo sordomudo). Y era progenitor de otro rey como padre que fue de Juan Carlos I de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (su segundo hijo, tras la infanta Pilar y antes de los infantes Alfonso y Margarita). Había nacido en junio de 1913 en San Ildefonso de La Granja y moriría en Pamplona en abril de 1993. Pero en sus 80 años de vida nunca fue rey. Solo conde de Barcelona, titular de los derechos dinásticos de la Corona de España y “pretendiente” frustrado al trono español desde febrero de 1941 (a la muerte de su padre) hasta mayo de 1977 (tras su renuncia a la jefatura de la Casa de Borbón a favor de su hijo). Se llamaba Juan de Borbón y Battenberg.
La extraordinaria circunstancia vital del único titular de la dinastía borbónica española que no pudo reinar es incomprensible sin tener en cuenta la época en la que vivió: nació cuando la España de la Restauración afrontaba los primeros problemas graves de estabilidad política e integración socioeconómica bajo fórmulas liberal-parlamentarias; desplegó su juventud al amparo de una dictadura militar auspiciada por su padre y cuyo fracaso político arrastraría en su caída al propio trono; desde la proclamación de la Segunda República en 1931 se convirtió con 18 años en un exiliado real que habitaría sucesivamente en Gran Bretaña, Francia, Italia, Suiza y Portugal durante el resto de su vida, con breves visitas a España hasta su regreso definitivo en 1982. Y durante ese largo exilio su trayectoria vital fue afectada por los grandes traumas que aquejaron a su país: una república democrática conflictiva entre 1931 y 1936; una cruenta guerra civil internacionalizada entre 1936 y 1939; y una larga dictadura que institucionalizó la victoria del bando liderado por el general Franco desde 1939 y hasta 1975.
Su largo exilio, que empezó a los 18 años, estuvo afectado por los traumas de vivió su país
Si don Juan no fue rey, la razón se halla en esa convulsa historia de España en los decenios centrales del siglo XX, que dieron al traste con una monarquía autoritaria a su inicio y configuraron otra nueva monarquía democrática a su término, previo “salto dinástico” de su persona. Y en ese resultado histórico, el papel de don Juan fue relevante pero no decisorio. Por eso no cabe encontrar las razones de su fracaso personal a la hora de ceñir la corona en la propia personalidad del conde de Barcelona, a pesar de sus virtudes o defectos. Desde luego, era “un Borbón” con lo que eso implicaba: desde su estatura corpulenta hasta su nariz aguileña y prominente cabeza; desde su sentido del deber institucional hasta su trato desinhibido y casi campechano; desde su pasión por los deportes (especialmente acuáticos, a tono con su formación como oficial de Marina) hasta su gusto por la galantería (incluyendo su feliz matrimonio, plenamente voluntario, con su prima, María de las Mercedes); desde su escasa formación cultural inicial (“nunca se nos educó para príncipes”) hasta su creciente capacidad para la maniobra política (fruto más de su dilatada trayectoria vital que de la reflexión intelectual).
En ese resultado histórico, la clave de todo residió en la persona que don Juan, durante la mayor parte de su vida adulta como pretendiente, tuvo como adversario latente y no pocas veces como enemigo abierto: el general Francisco Franco Bahamonde. Sin duda, las relaciones entre el pretendiente y el caudillo fueron vitales para el porvenir de ambos y para la propia España. Pero fueron unas relaciones esencialmente desequilibradas desde el principio y hasta el final.
Las primeras relaciones entre ambos personajes ya dejaban apreciar la muy distinta situación vital de cada uno. Mientras Franco ascendía durante la Guerra Civil los escalones que habrían de llevarle a la condición de supremo dictador vitalicio de España, el tercer hijo de un rey exiliado trataba inútilmente de combatir entre sus filas como soldado raso y anónimo. La negativa de Franco a aceptar su presencia en el frente era sensata y cortés (“la seguridad de vuestra persona no permitiría que pudiérais vivir bajo el sencillo título de oficial”). Pero era también interesada: convertido en el caudillo de un régimen de poder personal, quería “fundar” un “Estado Nuevo” y no “restaurar” una Monarquía ligada al “liberalismo caduco”. Así se lo había dicho al propio Alfonso XIII en 1937 al afirmar que “la nueva Monarquía tendría que ser muy distinta de la que cayó el 14 de abril de 1931” y sería la culminación de “un camino cuya meta presentimos pero que por lo lejana no vislumbramos todavía”. Y, mientras tanto, su Jefatura del Estado carecería de limitación temporal: “Me cupo el deber y el honor en estos momentos históricos de ser el caudillo de la cruzada y en ella he de caer o alcanzar para España la gloria”.
Intentó forzar su regreso criticando la política proalemana del régimen durante parte de la guerra
Entre 1941, tras su conversión en titular de los derechos sucesorios, y hasta 1948, tras su primera entrevista personal con Franco a bordo del yate Azor en la costa cantábrica, las relaciones de don Juan con el caudillo atravesaron diversas coyunturas presididas todas por la progresiva confrontación entre sus respectivas políticas, al compás del despliegue de la II Guerra Mundial hasta 1945 y del inicio de la guerra fría desde esa fecha. A pesar de que Franco aconsejó a don Juan que perseverara en la espera pasiva de su padre respecto al futuro de la restauración monárquica en España, el pretendiente intentó forzar la situación en varios momentos con el pretexto de que el régimen de “interinidad” no ofrecía estabilidad institucional y de que su política exterior proalemana durante la primera fase de la guerra le hacía incompatible con el nuevo orden mundial tras la derrota del Eje. Pero ni siquiera la declaración de “ruptura” con el régimen del manifiesto de Lausana en 1945 hizo mella en la actitud franquista.
Como sospechaban los líderes de las potencias democráticas occidentales, la alternativa monárquica estaba paralizada por su propia desunión entre “juanistas” intransigentes y colaboracionistas, una censura hábilmente explotada por Franco con reiteradas advertencias sobre el peligro de un regreso vengativo de los republicanos y mediante una política de concesiones aparentes (Ley de Cortes, Fuero de los Españoles, Ley de Sucesión). Además, las grandes democracias no tenían ninguna intención de propiciar la desestabilización de España ni querían arriesgarse a la reapertura de la guerra civil en ella por razones obvias. El interés geoestratégico de la península Ibérica para la defensa de Europa occidental, acentuado por las primeras disensiones entre la Unión Soviética y sus antiguos aliados contra el Eje, reforzaba esa política de “no intervención” y aceptación de la pervivencia del franquismo como mal menor e inevitable.
Desmoralizado, don Juan acertó a jugar una carta decisiva en su relación con Franco en 1948: negociar con él que su hijo y heredero, Juan Carlos, fuera educado en España para que no fuera un extraño en su propia patria. Franco aceptó la propuesta porque ya había descartado a don Juan como heredero y el control de la educación de un joven de apenas 10 años permitiría forzar a su padre a “que se resigne a que sea su hijo el que reine” en un futuro muy lejano. Y don Juan la propuso porque “no puedo privar a mi hijo de algo tan preciso para él, que es el Príncipe, como educarse en España”. Y ello aunque esa opción “me hubiera de costar a mí la Corona”, ya que “yo hago dinastía”. Fue un acuerdo de mínimos de alcance histórico crucial. Veinte años después, en el verano de 1968, Franco nombró a Juan Carlos “sucesor a título de rey”. Don Juan esperó casi otros 10 años, hasta estar ya formalmente convocadas las elecciones generales de junio de 1977, para ceder sus derechos dinásticos en quien ya era rey.
Enrique Moradiellos es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura.
fuentes http://elpais.com/elpais/2013/03/31/opinion/1364753897_698383.html

Los alemanes pierden la fe


Para los indignados con Alemania por los sufrimientos que está produciendo la crisis en los países económicamente más frágiles, el gigante industrial de Centroeuropa ha quedado reducido a una caricatura de Angela Merkel. Todos los alemanes tienen para ellos la compostura de una severa institutriz o el rictus de una implacable comandante en jefe que ordena aceptar los rigores de la austeridad, caiga quien caiga. Mal asunto para Europa, ya que no vendría nada mal, en estos complicados tiempos, reforzar los lazos de solidaridad entre unos y otros y alimentar el componente político de la Unión. Para conseguirlo, lo primero que hace falta es conocerse bien, y evitar por tanto los tópicos y lugares comunes. ¿Cómo son, pues, los alemanes? ¿A qué dedican su tiempo libre?
Por lo que se ha sabido recientemente, desde luego no lo dedican a asistir a oficios religiosos, ni a rezar, ni a colaborar en ninguna causa confesional. Tanto la Iglesia católica como las Iglesias protestantes han puesto a la venta templos, casas parroquiales y terrenos. No les salen las cuentas, cada vez hay menos fieles.
Los números son elocuentes, y conviene que el papa Francisco esté al tanto de los mismos. Hay quienes interpretaron su elección como una manera de reforzar la proyección de la Iglesia católica en Latinoamérica, donde muchos creyentes se están pasando a diferentes cultos evangélicos. Pero el Papa tiene también trabajo, y mucho por lo que se ve, en el corazón de Europa. Según un informe anual de la Conferencia Episcopal alemana de 2011-2012, se apartaron del catolicismo 126.488 personas y se cerraron 400 templos.
A la Iglesia evangélica tampoco le va bien en el país en el que nació Johann Sebastian Bach. Entre 1990 y 2010 se cerraron 340 templos y cada año dejan de creer entre 120.000 y 150.000 personas.
¿Se ha producido un cataclismo espiritual que ha apartado a los fieles de sus iglesias? ¿O simplemente ocurre que los mensajes de católicos y protestantes ya no le dicen nada al alemán de nuestros días? Lo único que sabemos a ciencia cierta es que son muchos los que ya no acuden al templo. Y todo este nuevo ejército de ateos, ¿a qué dedica el tiempo libre?
fuentes http://elpais.com/elpais

Más desigualdad


En la sociedad española no solo hay cada año más pobres, sino que estos tienen cada vez menos y están más desamparados. Diversos informes presentados en las últimas semanas, entre ellos el informe Foessa de Cáritas, advierten de las consecuencias que el empobrecimiento de cada vez más amplias capas de la población tendrá para el futuro del país. Tras cinco años de persistente crisis económica, cuyo fin todavía no se vislumbra, la renta media de los españoles, que en 2012 se situó en 18.500 euros anuales, ha caído hasta situar el poder adquisitivo por debajo del que teníamos en 2001.
El paro, las reducciones salariales y los recortes en los servicios y subvenciones públicas han provocado un importante retroceso en las rentas medias y el hundimiento de los ingresos de las bajas. A ello hay que añadir un aumento de los precios de más de un 10% desde 2007 que castiga en mayor proporción a quienes menos tienen. Once millones de españoles se encuentran ya bajo el umbral de la pobreza (ingresos inferiores al 60% de la renta media), tres millones viven en condiciones de pobreza extrema (menos de 3.650 euros de ingresos al año) y el número de hogares con todos los miembros en paro alcanza ya 1,8 millones.
Lo más grave es que, junto a este empobrecimiento, se está produciendo un aumento de las desigualdades sociales. Pero el crecimiento de la brecha social no es solo consecuencia de la recesión económica. Es fruto de las políticas económicas de corte neoliberal que triunfaron a partir de los años ochenta. Entre 1995 y 2007, los años de burbuja inmobiliaria y el dinero fácil, las desigualdades no disminuyeron en España. Al contrario, pero la crisis las está agravando ahora de forma alarmante. Desde 2007 la brecha entre los ingresos del 20% de la población con mayor renta y el 20% de renta inferior se ha incrementado en un 30%.
Durante varias décadas, la población española ha podido vivir con alivio y orgullo el gran salto en la calidad de vida y el progreso social que se producía de una generación a otra. No solo aumentaba la prosperidad general, sino que disminuían las desigualdades. Pero el ascensor social se detuvo a mediados de los setenta y muchos españoles ven ahora el futuro con miedo porque temen que sus hijos, no solo vivan peor, sino que también estén más desprotegidos frente a la enfermedad y el infortunio.
Es necesario aplicar con urgencia políticas activas destinadas a evitar que la pobreza aumente y se cronifique. Seguir insistiendo en las políticas de austeridad y recorte prescindiendo de los efectos sociales que tendrán a largo plazo puede acabar siendo suicida, porque no solo compromete el bienestar del presente, sino las posibilidades de progreso de las futuras generaciones. Las sociedades con mayor desigualdad no solo son más infelices y tienen un menor índice de desarrollo sino que también tienen más dificultades para crecer.
fuentes http://elpais.com/elpais