Nunca he creído que sobrevivieran a la muerte de Franco. La España democrática es una y son muchas, ni más ni menos que otras naciones europeas. Eso creía, y sin embargo ya no estoy tan segura, aunque si han vuelto a existir dos Españas, son desde luego nuevas, distintas de las tradicionales. Jamás, en nuestra historia reciente, ha sido tan necesario oponer el progreso a la reacción, pero por desgracia ya no se trata de eso, sino de algo que quizás parezca menos grave y puede resultar más peligroso. Porque el factor que hoy divide a España en dos es, simplemente, la realidad.
Si nuestro país fuera una persona, sus familiares intentarían llevarla a un psicoterapeuta que le ayudara a discriminar entre sus fantasías y su situación objetiva. Y no me refiero solo al debate parlamentario, ese triunfalismo de Rajoy que Bárcenas ha derribado de un soplo, igual que el lobo destrozó la casa del cerdito holgazán. Vivimos en un país donde, en general, los gobernantes corruptos proponen ambiciosos programas contra la corrupción, los creadores de leyes injustas piden que se apliquen con justicia, y los impulsores de delitos se apresuran a acudir a un juzgado para denunciarlos.
Mientras los responsables de los problemas se ofrecen gustosos para solucionar el problema que ellos mismos constituyen, sus víctimas sufren. Cuando alguien se atreve a decirlo en voz alta, se convierte en un populista, sinvergüenza, que está en política para ver si le cae un sobre o vive de las subvenciones y pretende encima cobrar por su trabajo. Observar la realidad se ha convertido en una provocación, una agresión al poder que no solo se considera legitimado para ignorar lo que pasa, sino para criminalizar a quien intenta contárselo. Así, antes de que la mate la corrupción, la democracia española morirá de irrealidad, y nadie tendrá dinero para enterrarla.
fruentes http://elpais.com/elpais/
lunes, 25 de febrero de 2013
Cataluña 2014
Nadie tomó muy en serio a Carod Rovira cuando, en plena euforia del gobierno tripartito, fijó el año 2014 como el horizonte en el que Cataluña debía decidir su independencia. El 300º aniversario del fatídico 11 de septiembre de 1714 en el que las tropas borbónicas capitaneadas por el Duque de Berwick entraron en Barcelona a sangre y fuego tenía, en el imaginario del defenestrado líder de ERC, todo el simbolismo requerido para la nueva cita de Cataluña con su historia. Aunque Carod cayó primero y después el tripartito, la apelación al aniversario histórico parece que quedó en el acervo del partido que desde hace décadas enarbola la bandera del independentismo y, frente a la resistencia de Convergencia, que incluso desde su perspectiva más soberanista, es capaz de ver las dificultades del reto, ha impuesto el solemne calendario para la celebración de la consulta. Y ya que el simbolismo histórico se halla tan presente en las decisiones de quienes nos pretenden guiar por esta transición, no está de más que, para atisbar las posibilidades de lograr el objetivo marcado, rastreemos los precedentes en los que se legitima.
Desde la unión de las coronas de Aragón y Castilla, Cataluña ha tenido dos episodios de enfrentamiento abierto y prolongado con el poder español. El primero fue la rebelión contra los planes de Unión de Armas diseñados por el Conde-Duque de Olivares para contrarrestar el pujante poder francés. La oposición de las Cortes Catalanas a participar en dicho proyecto fiscal y la profunda aversión popular al asentamiento del ejército en el Principado dieron lugar a la Revolta dels Segadors en 1640. El ejército armado por el Conde-Duque para aplastar la rebelión fue detenido en Montjuich gracias al apoyo de Francia. A partir de allí, tras un intento efímero de constitución de una república catalana, el Principado entró en la égida del rey francés, cuyo dominio se demostró más insoportable que el castellano, desembocando en la vuelta al apaciguado redil español.
El segundo se produjo con el alineamiento catalán en el bando del Archiduque Carlos de Austria en la Guerra de Sucesión de 1705-1714. A diferencia del anterior, en este conflicto Cataluña no proyectaba un futuro por separado, sino que pretendía una nueva configuración de España, que preservara el llamado neoforalismo de la segunda mitad del siglo XVII, otorgara a Barcelona un papel más relevante en el reparto de poder y reconociera la libertad de comercio con las Indias. El conflicto tiene de nuevo un marcado carácter internacional, apoyando al Archiduque el Imperio e Inglaterra, mientras que Francia y Castilla se alinean con Felipe V. Finalmente, el acceso del pretendiente austracista a la corona imperial desbarata los equilibrios en los que se basaba la coalición, quedando Cataluña sola en una resistencia tan heroica como abocada al fracaso.
Con la legalidad constitucional en contra y sin apoyos en Europa, al proyecto de “transición nacional” se le presenta un camino incierto
La primera reflexión que podríamos realizar de este breve excurso es que buscar legitimidad simbólica en el aniversario de 1714 para un proyecto independentista es, desde la perspectiva histórica, poco riguroso. Pero no es, a mi entender, ésta la principal lección que nuestros políticos historiadores debieran extraer de los anteriores episodios, sino la evidencia de que las posibilidades de éxito de un enfrentamiento abierto con un poder superior se basan en los apoyos internacionales que ese proyecto pueda tener. Otros procesos de independización (véase Irlanda o la ex-Yugoslavia) demuestran con obstinada regularidad que sólo con un fuerte respaldo exterior las vías unilaterales tienen futuro.
Sin duda, la constatación de la gélida acogida que el proyecto independentista está teniendo en Europa, detectada ya por los políticos de Convergencia, les llevaba a ser más cautos en la fijación de fechas concretas. En una reciente entrevista, la socióloga norteamericana Saskia Sassen, preguntada por su opinión acerca del proceso soberanista, repreguntaba sobre los canales internacionales que había desarrollado Barcelona. Señalaba que Nueva York y Los Ángeles tienen circuitos internacionales realmente independientes y apuntaba en esta dirección para el juego de relaciones que Barcelona debía construir en un mundo global como el actual. Pero de momento la economía catalana está fuertemente entroncada a la española y los canales internacionales de Barcelona, que la conectan principalmente con Europa y Latinoamérica, son plenamente compartidos con Madrid. No obstante, ignorando las lecciones de la historia y miopes ante la evidencia de política internacional, ERC y el sector soberanista de Convergencia han impuesto un itinerario carente de anclas internacionales y privado de lógica geoestratégica. Porque es indudable que el estado español utilizará todos sus poderes para evitar la secesión unilateral de Cataluña. Con la legalidad constitucional en contra y sin apoyos en Europa, al proyecto de “transición nacional” se le presenta un camino muy incierto.
Eso podría regocijarnos a los que siempre hemos creído que, incluso en los malos momentos, España es un proyecto compartido. Pero para los que somos catalanes, eso no es así, pues sin duda esta aventura nos va a debilitar. Y también puede ser que fuera de Cataluña alguien haga el cálculo cínico de los réditos electorales que el enfrentamiento catalán pueda proporcionarle, especialmente en el nuevo ciclo electoral que se abrirá en 2014. Tampoco debiera ser así, en primer lugar porque jugar a espolear los sentimientos xenófobos es repudiable en cualquier contexto, pero además, porque aunque la aventura soberanista descarrile, el proyecto España va a salir debilitado si no somos capaces de construir un nuevo marco de convivencia común, marco que demanda con claridad un nuevo pacto constitucional.
Y refiriéndonos ahora a la historia más reciente, no estará de más recordar que el reforzamiento del catalanismo radical viene íntimamente vinculado al renacer del nacionalismo español en el segundo mandato de Aznar. Ese nacionalismo que enarbola ahora con entusiasmo la enseña constitucional recoge la tradición de los que en España se han opuesto siempre a toda reforma política (incluida la de 1978). Porque sólo con el argumento de la fuerza, sea la de los tanques o la de la legalidad preestablecida, no se reconstruirá la affectio en la que debe basarse el proyecto común que llamamos España.
Miguel Trias Sagnier es catedrático de la Facultad de Derecho de ESADE.
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El capitalismo del ego engendra monstruos
Nadie cree ya en nada, solo en lo que cada uno quiere: de ahí se deriva la desconfianza de todos frente a todos. La ceguera del Fausto digital ha dado origen a una crisis europea que cuestiona el núcleo del sistema
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No a la violencia contra la mujer
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Debemos llevar a los culpables ante la justicia y poner fin a la cultura de la impunidad
Los tóxicos de la corrupción
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Desde la unión de las coronas de Aragón y Castilla, Cataluña ha tenido dos episodios de enfrentamiento abierto y prolongado con el poder español. El primero fue la rebelión contra los planes de Unión de Armas diseñados por el Conde-Duque de Olivares para contrarrestar el pujante poder francés. La oposición de las Cortes Catalanas a participar en dicho proyecto fiscal y la profunda aversión popular al asentamiento del ejército en el Principado dieron lugar a la Revolta dels Segadors en 1640. El ejército armado por el Conde-Duque para aplastar la rebelión fue detenido en Montjuich gracias al apoyo de Francia. A partir de allí, tras un intento efímero de constitución de una república catalana, el Principado entró en la égida del rey francés, cuyo dominio se demostró más insoportable que el castellano, desembocando en la vuelta al apaciguado redil español.
El segundo se produjo con el alineamiento catalán en el bando del Archiduque Carlos de Austria en la Guerra de Sucesión de 1705-1714. A diferencia del anterior, en este conflicto Cataluña no proyectaba un futuro por separado, sino que pretendía una nueva configuración de España, que preservara el llamado neoforalismo de la segunda mitad del siglo XVII, otorgara a Barcelona un papel más relevante en el reparto de poder y reconociera la libertad de comercio con las Indias. El conflicto tiene de nuevo un marcado carácter internacional, apoyando al Archiduque el Imperio e Inglaterra, mientras que Francia y Castilla se alinean con Felipe V. Finalmente, el acceso del pretendiente austracista a la corona imperial desbarata los equilibrios en los que se basaba la coalición, quedando Cataluña sola en una resistencia tan heroica como abocada al fracaso.
Con la legalidad constitucional en contra y sin apoyos en Europa, al proyecto de “transición nacional” se le presenta un camino incierto
La primera reflexión que podríamos realizar de este breve excurso es que buscar legitimidad simbólica en el aniversario de 1714 para un proyecto independentista es, desde la perspectiva histórica, poco riguroso. Pero no es, a mi entender, ésta la principal lección que nuestros políticos historiadores debieran extraer de los anteriores episodios, sino la evidencia de que las posibilidades de éxito de un enfrentamiento abierto con un poder superior se basan en los apoyos internacionales que ese proyecto pueda tener. Otros procesos de independización (véase Irlanda o la ex-Yugoslavia) demuestran con obstinada regularidad que sólo con un fuerte respaldo exterior las vías unilaterales tienen futuro.
Sin duda, la constatación de la gélida acogida que el proyecto independentista está teniendo en Europa, detectada ya por los políticos de Convergencia, les llevaba a ser más cautos en la fijación de fechas concretas. En una reciente entrevista, la socióloga norteamericana Saskia Sassen, preguntada por su opinión acerca del proceso soberanista, repreguntaba sobre los canales internacionales que había desarrollado Barcelona. Señalaba que Nueva York y Los Ángeles tienen circuitos internacionales realmente independientes y apuntaba en esta dirección para el juego de relaciones que Barcelona debía construir en un mundo global como el actual. Pero de momento la economía catalana está fuertemente entroncada a la española y los canales internacionales de Barcelona, que la conectan principalmente con Europa y Latinoamérica, son plenamente compartidos con Madrid. No obstante, ignorando las lecciones de la historia y miopes ante la evidencia de política internacional, ERC y el sector soberanista de Convergencia han impuesto un itinerario carente de anclas internacionales y privado de lógica geoestratégica. Porque es indudable que el estado español utilizará todos sus poderes para evitar la secesión unilateral de Cataluña. Con la legalidad constitucional en contra y sin apoyos en Europa, al proyecto de “transición nacional” se le presenta un camino muy incierto.
Eso podría regocijarnos a los que siempre hemos creído que, incluso en los malos momentos, España es un proyecto compartido. Pero para los que somos catalanes, eso no es así, pues sin duda esta aventura nos va a debilitar. Y también puede ser que fuera de Cataluña alguien haga el cálculo cínico de los réditos electorales que el enfrentamiento catalán pueda proporcionarle, especialmente en el nuevo ciclo electoral que se abrirá en 2014. Tampoco debiera ser así, en primer lugar porque jugar a espolear los sentimientos xenófobos es repudiable en cualquier contexto, pero además, porque aunque la aventura soberanista descarrile, el proyecto España va a salir debilitado si no somos capaces de construir un nuevo marco de convivencia común, marco que demanda con claridad un nuevo pacto constitucional.
Y refiriéndonos ahora a la historia más reciente, no estará de más recordar que el reforzamiento del catalanismo radical viene íntimamente vinculado al renacer del nacionalismo español en el segundo mandato de Aznar. Ese nacionalismo que enarbola ahora con entusiasmo la enseña constitucional recoge la tradición de los que en España se han opuesto siempre a toda reforma política (incluida la de 1978). Porque sólo con el argumento de la fuerza, sea la de los tanques o la de la legalidad preestablecida, no se reconstruirá la affectio en la que debe basarse el proyecto común que llamamos España.
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Más allá de las fórmulas simples
La tesis de Acemoglu y Johnson sobre el “fracaso de las naciones” ha sido acogida por algunos como una oportuna explicación de la crisis de nuestro sistema político. Es una tesis sugerente, aunque discutida por algunos historiadores de la economía. Lo cierto es que se trata de una tesis mediáticamente agradecida al identificar culpables definidos. Y tiene además el mérito de la “parsimonia” con la que se encuentran cómodos algunos científicos sociales cuando tratan de interpretar fenómenos colectivos: la explicación se presenta como más convincente cuanto más sencilla —o más simplista— es.
Es atractiva la atribución de la responsabilidad de la crisis a unas “élites extractivas” que se han beneficiado de su posición dominante en las instituciones. Protegidos por la profesionalización endogámica de los partidos y por un sistema electoral poco personalizado, los políticos se habrían convertido en nuestras “élites extractivas” autóctonas. En términos más clásicos, una oligarquía de profesionales se habría apoderado de los mecanismos institucionales para su personal provecho y habría bloqueado la adaptación del sistema a necesarios cambios sociales y económicos. Entre los efectos negativos de este bloqueo, florecerían la corrupción y su impunidad.
La receta para romper esta dinámica perversa pivotaría sobre dos puntos básicos. El primero sería la depuración drástica de la casta corrupta mediante instrumentos penales más severos, como un reflejo legal del “todos fuera” cuando no del “todos a la cárcel”. El segundo ingrediente apuntaría a las reformas institucionales, entre ellas, la persistente apelación a una revisión del sistema electoral para acabar con el control oligárquico de la representación política. No hay que menospreciar los efectos paliativos de esta doble terapia. Pero es dudoso que sirviera para corregir a medio y largo plazo el problema de fondo de nuestro sistema político. Porque el tratamiento recomendado intenta corregir defectos importantes y muy evidentes del sistema pero no ataca otros de donde nacen los más visibles.
Es abundantísima la literatura internacional sobre los orígenes y los remedios de la corrupción. Empieza a serlo también en España (Iglesias, Jiménez, Laporta, Lapuente, Nieto o Villoria, entre otros). Sus indicaciones no son siempre coincidentes, pero aportan diagnósticos y tratamientos más refinados, algo menos simples y más a largo plazo. Me interesa señalar las que se fundan en la comparación con sociedades europeas donde la integridad de responsables públicos y empresariales es mucho más sólida. Se trata de sociedades caracterizadas por la existencia de un mayor interés por la política, más confianza social, menor desigualdad económica y mayor desarrollo humano, según acreditan los correspondientes rankings de organismos internacionales competentes. A veces se invocan también factores histórico-culturales e institucionales como origen de un mejor asentamiento de las instituciones democráticas y de la infrecuencia de comportamientos corruptos.
Pero se ha hecho notar además que son también sociedades cuyos gobiernos desarrollan desde hace décadas unas políticas sociales redistributivas en términos de carga fiscal y gasto público. Su énfasis en políticas educativas, sanitarias y de protección social ha sido —como sabemos— el rasgo fundamental de un “estado social” que ha conseguido aumentar la igualdad económica entre sus ciudadanos. Sus efectos beneficiosos para incrementar la confianza social han sido más robustos cuando aquellas políticas sociales se han aplicado con carácter universal y no de manera discriminatoria o means-tested.
Los países mejor clasificados en el ‘ranking’ de integridad política tienen sistemas electorales proporcionales
Hay que advertir que esta asociación de datos de carácter económico, cultural y político no aclara siempre dónde está la causa y dónde el efecto. Pero obliga a una imprescindible reflexión sobre la interrelación entre integridad pública, igualdad económica y confianza social. Una reflexión que descubre el carácter insuficiente de los remedios anticorrupción que suelen tener mayor apoyo en la opinión pública y en la opinión publicada. De pasada, es bueno resaltar que los países mejor clasificados en el ranking de la integridad política presentan dos caracteres que algunos denuncian aquí como nocivos para la misma: una tasa elevada de empleo público y la vigencia de sistemas electorales proporcionales.
Afirmaba ya Aristóteles que las comunidades políticas más estables eran las formadas por ciudadanos con recursos económicos equiparables porque les comprometía de forma más solidaria con la cosa pública. La desigualdad, en cambio, alimenta la desconfianza, el enfrentamiento y la corrupción. Es bueno recordar esta recomendación del clásico junto con lo que aportan los análisis contemporáneos. Especialmente cuando las políticas socioeconómicas dominantes están incrementando ahora la desigualdad en lugar de disminuirla. Aun sin adoptar una tesis excesivamente mecanicista, no parece que sea éste el mejor punto de arranque para reforzar la democracia y desterrar la corrupción. Se sabe que desigualdad, desconfianza social y corrupción son taras sociales de las que cuesta desprenderse. Razón de más para no seguir cargando con el lastre de una creciente desigualdad social cuando se pretende evitar la degradación de la calidad y de la integridad de nuestra política. Sin prescindir de ellas, no bastará acudir a recetas penales o institucionales. Será necesario completarlas con políticas sociales y económicas redistributivas que aparecen como asiduas compañeras de las democracias más sólidas y más íntegras.
Josep M. Vallès es catedrático emérito de ciencia política (UAB).
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fuenteshttp://elpais.com/elpais/
Es atractiva la atribución de la responsabilidad de la crisis a unas “élites extractivas” que se han beneficiado de su posición dominante en las instituciones. Protegidos por la profesionalización endogámica de los partidos y por un sistema electoral poco personalizado, los políticos se habrían convertido en nuestras “élites extractivas” autóctonas. En términos más clásicos, una oligarquía de profesionales se habría apoderado de los mecanismos institucionales para su personal provecho y habría bloqueado la adaptación del sistema a necesarios cambios sociales y económicos. Entre los efectos negativos de este bloqueo, florecerían la corrupción y su impunidad.
La receta para romper esta dinámica perversa pivotaría sobre dos puntos básicos. El primero sería la depuración drástica de la casta corrupta mediante instrumentos penales más severos, como un reflejo legal del “todos fuera” cuando no del “todos a la cárcel”. El segundo ingrediente apuntaría a las reformas institucionales, entre ellas, la persistente apelación a una revisión del sistema electoral para acabar con el control oligárquico de la representación política. No hay que menospreciar los efectos paliativos de esta doble terapia. Pero es dudoso que sirviera para corregir a medio y largo plazo el problema de fondo de nuestro sistema político. Porque el tratamiento recomendado intenta corregir defectos importantes y muy evidentes del sistema pero no ataca otros de donde nacen los más visibles.
Es abundantísima la literatura internacional sobre los orígenes y los remedios de la corrupción. Empieza a serlo también en España (Iglesias, Jiménez, Laporta, Lapuente, Nieto o Villoria, entre otros). Sus indicaciones no son siempre coincidentes, pero aportan diagnósticos y tratamientos más refinados, algo menos simples y más a largo plazo. Me interesa señalar las que se fundan en la comparación con sociedades europeas donde la integridad de responsables públicos y empresariales es mucho más sólida. Se trata de sociedades caracterizadas por la existencia de un mayor interés por la política, más confianza social, menor desigualdad económica y mayor desarrollo humano, según acreditan los correspondientes rankings de organismos internacionales competentes. A veces se invocan también factores histórico-culturales e institucionales como origen de un mejor asentamiento de las instituciones democráticas y de la infrecuencia de comportamientos corruptos.
Pero se ha hecho notar además que son también sociedades cuyos gobiernos desarrollan desde hace décadas unas políticas sociales redistributivas en términos de carga fiscal y gasto público. Su énfasis en políticas educativas, sanitarias y de protección social ha sido —como sabemos— el rasgo fundamental de un “estado social” que ha conseguido aumentar la igualdad económica entre sus ciudadanos. Sus efectos beneficiosos para incrementar la confianza social han sido más robustos cuando aquellas políticas sociales se han aplicado con carácter universal y no de manera discriminatoria o means-tested.
Los países mejor clasificados en el ‘ranking’ de integridad política tienen sistemas electorales proporcionales
Hay que advertir que esta asociación de datos de carácter económico, cultural y político no aclara siempre dónde está la causa y dónde el efecto. Pero obliga a una imprescindible reflexión sobre la interrelación entre integridad pública, igualdad económica y confianza social. Una reflexión que descubre el carácter insuficiente de los remedios anticorrupción que suelen tener mayor apoyo en la opinión pública y en la opinión publicada. De pasada, es bueno resaltar que los países mejor clasificados en el ranking de la integridad política presentan dos caracteres que algunos denuncian aquí como nocivos para la misma: una tasa elevada de empleo público y la vigencia de sistemas electorales proporcionales.
Afirmaba ya Aristóteles que las comunidades políticas más estables eran las formadas por ciudadanos con recursos económicos equiparables porque les comprometía de forma más solidaria con la cosa pública. La desigualdad, en cambio, alimenta la desconfianza, el enfrentamiento y la corrupción. Es bueno recordar esta recomendación del clásico junto con lo que aportan los análisis contemporáneos. Especialmente cuando las políticas socioeconómicas dominantes están incrementando ahora la desigualdad en lugar de disminuirla. Aun sin adoptar una tesis excesivamente mecanicista, no parece que sea éste el mejor punto de arranque para reforzar la democracia y desterrar la corrupción. Se sabe que desigualdad, desconfianza social y corrupción son taras sociales de las que cuesta desprenderse. Razón de más para no seguir cargando con el lastre de una creciente desigualdad social cuando se pretende evitar la degradación de la calidad y de la integridad de nuestra política. Sin prescindir de ellas, no bastará acudir a recetas penales o institucionales. Será necesario completarlas con políticas sociales y económicas redistributivas que aparecen como asiduas compañeras de las democracias más sólidas y más íntegras.
Josep M. Vallès es catedrático emérito de ciencia política (UAB).
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Tiempo de España
Hemos iniciado un nuevo año no exento de incertidumbres, inquietantes datos económicos y una más que comprensible preocupación —por no decir frustración— de los ciudadanos por el futuro de nuestro Estado democrático y social, que tanto nos ha costado edificar. No son pocas las familias que han perdido su fe en el sistema, en sus dirigentes y en el rumbo de nuestro propio país. Incluso, en el modelo territorial y de solidaridad regional que nos ha permitido alcanzar niveles de cohesión y desarrollo impensables hace tan solo unos pocos años.
¿Cómo no compartir esta inquietud? ¿Cómo permanecer insensible al sufrimiento de tantos hogares que han visto reducidos, cuando no completamente eliminados, sus ingresos, que han perdido quizás sus viviendas y se ven abrumados por gastos a los que difícilmente podrán hacer frente?
Soy consciente de que en esta coyuntura es difícil —y, para algunos, incomprensible, incluso frívolo— hablar de confianza y optimismo. Y, sin embargo, no se trata de una inútil quimera: no solo es saludable, sino auténticamente necesario hacerlo. Y aunque no lo parezca, tenemos numerosas razones para confiar en nuestro futuro y en nuestra propia capacidad como Estado y como pueblo(s).
Haciendo un ejercicio de perspectiva, aun con los claroscuros y altibajos que ha conocido la historia de los territorios que hoy conforman nuestra realidad como Estado, los españoles, todos los españoles, hemos demostrado al mundo que somos un pueblo dinámico, valiente, pleno de energía, dotado de innegables valores para la expresión artística y literaria y para el deporte, individual y colectivo. Somos creativos, innovadores y, al mismo tiempo, respetuosos con nuestra herencia y tradiciones. Somos solidarios, familiar, comunitaria y globalmente. Somos sociables y abiertos, amantes de compartir, dar y recibir. Nuestros jóvenes constituyen la generación mejor preparada de nuestra historia: aunque en mas de un caso se vean obligados a buscar oportunidades en el exterior y se vean hoy afectados por la falta de trabajo dentro de nuestras fronteras, son jóvenes cualificados, comprometidos con los problemas de su tiempo y cada vez mas abiertos al mundo exterior, ante el que cuentan con mejores capacidades para enfrentarse (lenguas, formación, capacitación técnica, etc.).
Quiero referirme tan solo a algunas cuestiones que, a modo de contrapunto, invitan al optimismo y a la reflexión:
Vamos a coordinar todos nuestros esfuerzos en pro del bienestar común
Seguimos siendo una economía importante en Europa y el mundo, a pesar de los años de contracción que estamos experimentando. Somos líderes mundiales en diversos sectores productivos y tecnológicos —infraestructuras, energías renovables, telecomunicaciones, moda, sector hábitat, sector agroalimentario, etc.— y en algunas áreas de I+D+i: tecnologías de identificación electrónica y soluciones biométricas; tecnologías de la información y comunicaciones (TIC); e-government; tecnología sanitaria; operadores de transporte aéreo; energías renovables; tecnología naval militar; biotecnología; tratamiento de aguas y desalación de agua de mar y agua salobre; sistemas de control de satélites y de dinámica orbital; sistemas aéreos y espaciales; etc.
Tenemos empresas dinámicas. Algunas de ellas ocupan posiciones de liderazgo en el conjunto del tejido empresarial mundial.
El idioma español es hablado hoy por cerca de 500 millones de personas. Es la segunda lengua del mundo por número de hablantes, el segundo idioma de comunicación internacional, la segunda lengua mas estudiada del mundo, por detrás del inglés, y la tercera mas utilizada en Internet.
España es una potencia mundial en el ámbito artístico-cultural. Hemos dado y seguimos dando al mundo creadores y artistas de primer orden en todos los ámbitos. España es el segundo país con mayor número de bienes inscritos (42) en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO, tan sólo detrás de Italia. Contamos también con 11 bienes inscritos en la lista del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.
En el terreno del medioambiente y la biosfera, somos el tercer país del mundo en número de Reservas de la Biosfera de la UNESCO (42) y el país de la UE con mayor número de banderas azules en sus playas (511).
España es el primer destino mundial en turismo vacacional, el cuarto destino turístico del mundo en número de visitantes, el segundo mundial en ingresos.
En gastronomía y alimentación, tenemos algunos de los mejores restaurantes y chefs del mundo, algunos de ellos pioneros de la cocina moderna y creativa. La dieta mediterránea, de la que España es uno de los primeros exponentes mundiales, figura inscrita en la lista de bienes del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO desde 2010. Nuestros vinos, aceites, quesos,… gozan de prestigio y reconocimiento internacional.
Somos una potencia deportiva mundial, tanto a nivel individual como colectivo.
Y también somos líderes en solidaridad. Por ejemplo, en trasplantes: España es el país con mayor tasa de donación de todo el mundo, duplicando la de la UE y superando en ocho puntos la de Estados Unidos. El modelo español ha sido recomendado por la OMS y se esta aplicando en diferentes partes del mundo. Nuestra Cooperación al Desarrollo (AECID), ONCE, Cáritas, Cruz Roja, la FESBAL… serían muchos los actores a destacar.
En Marca España estamos convencidos de que podemos y debemos mejorar la imagen de nuestro país, tanto en el interior como más allá de nuestras fronteras, en beneficio de todos los españoles. En un mundo global, una buena imagen país es un activo que sirve para respaldar la posición internacional de un Estado política, económica, cultural, social, científica y tecnológicamente. Queremos desarrollar una política de Estado, como hacen otros muchos países de nuestro entorno, más allá de vaivenes políticos y sobre la base del consenso. Es un proyecto inclusivo, cuya eficacia reside en el largo plazo.
Tenemos una decidida voluntad de coordinar todos nuestros esfuerzos y capacidades en pro del bienestar común. Hemos lanzado ya una pagina web (http://marcaespana.es o http://marcaespana.es, disponible también en inglés), firmado convenios con entidades como RTVE, EFE y el Foro de Marcas Renombradas y estamos elaborando un Plan Anual de actividades que próximamente presentaré ante el Consejo de Ministros.
A esta labor de defender y promocionar lo nuestro me gustaría invitar a todos los españoles y a aquellos que sin serlo aman a nuestro país para que nos ayuden a lograrlo. Porque Marca España somos todos: organismos y entidades públicas y privadas, empresas, fundaciones, think tanks y, sobre todo, la sociedad civil, todos nosotros, todos los ciudadanos.
Carlos Espinosa de los Monteros es Alto Comisionado para la Marca España.
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Tenemos empresas dinámicas. Algunas de ellas ocupan posiciones de liderazgo en el conjunto del tejido empresarial mundial.
El idioma español es hablado hoy por cerca de 500 millones de personas. Es la segunda lengua del mundo por número de hablantes, el segundo idioma de comunicación internacional, la segunda lengua mas estudiada del mundo, por detrás del inglés, y la tercera mas utilizada en Internet.
España es una potencia mundial en el ámbito artístico-cultural. Hemos dado y seguimos dando al mundo creadores y artistas de primer orden en todos los ámbitos. España es el segundo país con mayor número de bienes inscritos (42) en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO, tan sólo detrás de Italia. Contamos también con 11 bienes inscritos en la lista del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.
En el terreno del medioambiente y la biosfera, somos el tercer país del mundo en número de Reservas de la Biosfera de la UNESCO (42) y el país de la UE con mayor número de banderas azules en sus playas (511).
España es el primer destino mundial en turismo vacacional, el cuarto destino turístico del mundo en número de visitantes, el segundo mundial en ingresos.
En gastronomía y alimentación, tenemos algunos de los mejores restaurantes y chefs del mundo, algunos de ellos pioneros de la cocina moderna y creativa. La dieta mediterránea, de la que España es uno de los primeros exponentes mundiales, figura inscrita en la lista de bienes del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO desde 2010. Nuestros vinos, aceites, quesos,… gozan de prestigio y reconocimiento internacional.
Somos una potencia deportiva mundial, tanto a nivel individual como colectivo.
Y también somos líderes en solidaridad. Por ejemplo, en trasplantes: España es el país con mayor tasa de donación de todo el mundo, duplicando la de la UE y superando en ocho puntos la de Estados Unidos. El modelo español ha sido recomendado por la OMS y se esta aplicando en diferentes partes del mundo. Nuestra Cooperación al Desarrollo (AECID), ONCE, Cáritas, Cruz Roja, la FESBAL… serían muchos los actores a destacar.
En Marca España estamos convencidos de que podemos y debemos mejorar la imagen de nuestro país, tanto en el interior como más allá de nuestras fronteras, en beneficio de todos los españoles. En un mundo global, una buena imagen país es un activo que sirve para respaldar la posición internacional de un Estado política, económica, cultural, social, científica y tecnológicamente. Queremos desarrollar una política de Estado, como hacen otros muchos países de nuestro entorno, más allá de vaivenes políticos y sobre la base del consenso. Es un proyecto inclusivo, cuya eficacia reside en el largo plazo.
Tenemos una decidida voluntad de coordinar todos nuestros esfuerzos y capacidades en pro del bienestar común. Hemos lanzado ya una pagina web (http://marcaespana.es o http://marcaespana.es, disponible también en inglés), firmado convenios con entidades como RTVE, EFE y el Foro de Marcas Renombradas y estamos elaborando un Plan Anual de actividades que próximamente presentaré ante el Consejo de Ministros.
A esta labor de defender y promocionar lo nuestro me gustaría invitar a todos los españoles y a aquellos que sin serlo aman a nuestro país para que nos ayuden a lograrlo. Porque Marca España somos todos: organismos y entidades públicas y privadas, empresas, fundaciones, think tanks y, sobre todo, la sociedad civil, todos nosotros, todos los ciudadanos.
Carlos Espinosa de los Monteros es Alto Comisionado para la Marca España.
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fuentes http://elpais.com/elpais
Europa vigila
La Comisión Europea (CE) no entiende el proceso de fusión de los reguladores independientes sectoriales que, sin excesivas prisas, pretendía poner en pie el Gobierno español prácticamente desde enero de 2012. Neelie Kroes, vicepresidenta de la CE, ha hecho saber al ministro Soria que el proyecto de fusión causará, tal y como está redactado, una pérdida importante de independencia en las funciones de regulación y control de los mercados. La amenaza de abrir un procedimiento de infracción si no se cambian los términos del proyecto de fusión de la Comisión Nacional de Competencia, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de la Energía, los tres reguladores sectoriales más importantes, para formar un megarregulador llamado Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), indica que la CE ha captado el excesivo sesgo político de la fusión y la irrelevancia práctica de la nueva CNMC.
Las objeciones de fondo de Kroes se centran principalmente en el hecho de que muchas de las competencias de investigación y sanción de los reguladores sectoriales, en particular las que atañen a las telecomunicaciones, se trasladan al Ministerio de Industria; y en que el cuerpo técnico de los reguladores, supuestamente independiente y que según los modelos vigentes de Europa es elegido por cada uno de los organismos sectoriales, sería decidido por el Consejo de Ministros. En otras palabras, el proyecto del Gobierno pretende convertir unas instituciones orientadas a garantizar la competencia de los mercados, en otra dirección general más del Ministerio de Industria. El pretexto es el ahorro de gasto público, pero resulta indefendible desde el momento que la CNMC se pretende financiar con cargo a los Presupuestos mientras que los reguladores actuales se financian mediante tasas. La operación no se sostiene. Para el Gobierno sería más sencillo reconocer que no le gustan los reguladores independientes (mucho menos si sus presidentes están nombrados por el PSOE) y que la supervisión de mercados, un instrumento decisivo en la relación con las grandes empresas, debe ser controlada por el Ejecutivo, sin intermediarios.
Asegura ahora el Gobierno, tras recibir el aviso de Bruselas, que va a cambiar el texto “para garantizar la independencia” de los reguladores. En la tramitación en el Congreso necesitará probablemente la colaboración del primer partido de la oposición para hacer creíble el viraje y dotar de consistencia política al texto legal. Pero no está claro que PP y PSOE tengan las ideas muy claras sobre la estructura y funciones de los organismos independientes. Una solución de compromiso probable es mantener la Comisión Nacional de Competencia y fusionar el resto de las instituciones. En todo caso, ahora la vigilancia de Kroes empuja a volver atrás y devolver competencias y funciones de inspección y control a los reguladores sectoriales. Como debe ser.
fuentes http://elpais.com/
Las objeciones de fondo de Kroes se centran principalmente en el hecho de que muchas de las competencias de investigación y sanción de los reguladores sectoriales, en particular las que atañen a las telecomunicaciones, se trasladan al Ministerio de Industria; y en que el cuerpo técnico de los reguladores, supuestamente independiente y que según los modelos vigentes de Europa es elegido por cada uno de los organismos sectoriales, sería decidido por el Consejo de Ministros. En otras palabras, el proyecto del Gobierno pretende convertir unas instituciones orientadas a garantizar la competencia de los mercados, en otra dirección general más del Ministerio de Industria. El pretexto es el ahorro de gasto público, pero resulta indefendible desde el momento que la CNMC se pretende financiar con cargo a los Presupuestos mientras que los reguladores actuales se financian mediante tasas. La operación no se sostiene. Para el Gobierno sería más sencillo reconocer que no le gustan los reguladores independientes (mucho menos si sus presidentes están nombrados por el PSOE) y que la supervisión de mercados, un instrumento decisivo en la relación con las grandes empresas, debe ser controlada por el Ejecutivo, sin intermediarios.
Asegura ahora el Gobierno, tras recibir el aviso de Bruselas, que va a cambiar el texto “para garantizar la independencia” de los reguladores. En la tramitación en el Congreso necesitará probablemente la colaboración del primer partido de la oposición para hacer creíble el viraje y dotar de consistencia política al texto legal. Pero no está claro que PP y PSOE tengan las ideas muy claras sobre la estructura y funciones de los organismos independientes. Una solución de compromiso probable es mantener la Comisión Nacional de Competencia y fusionar el resto de las instituciones. En todo caso, ahora la vigilancia de Kroes empuja a volver atrás y devolver competencias y funciones de inspección y control a los reguladores sectoriales. Como debe ser.
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Europa y la modernización de España
Hoy quedan tres países europeos entre las siete primeras economías del mundo. Dentro de diez años quedarán dos. En 2030 sólo Alemania aguantaría en la lista, pero en 2050 ya no quedaría ninguno. ¿Qué significa esto? Que los Estados europeos son demasiado pequeños como para competir por separado en el mundo del siglo XXI. Tan sencillo como eso. Europa se enfrenta a un mundo que de aquí a 2030 va a sumar 2.000 millones de personas, fundamentalmente asiáticas, a la clase media, según la definición del Banco Mundial. La presión sobre los recursos, las materias primas, el agua y los alimentos será enorme, dado que nuestro planeta es limitado y no tenemos otro de repuesto. El reequilibrio global será prácticamente inevitable.
En este mundo marcado por la interdependencia y el cambio constante juntos somos más fuertes. Europa tiene que conseguir que las oportunidades que ofrece la globalización no se vuelvan en su contra. Si no apostamos por la integración, las sociedades europeas podrían verse superadas por las emergentes en desarrollo tecnológico, capacidad de crear empleo, costes de producción, talento y creatividad.
La Unión Europea sigue siendo el lugar cuya estructura económica y social asegura una mejor calidad de vida. La demanda de una voz europea en el mundo es clara en ese sentido —recordemos a Lula hablando de la UE como patrimonio de la humanidad— porque es garantía de unos valores que representan lo mejor de nosotros mismos. Europa tiene un reconocido y envidiable Estado de bienestar. Es una de nuestras señas de identidad colectiva y uno de nuestros principales motivos de orgullo. Sin esa voz europea el cambio será indudablemente peor.
En términos de igualdad económica, la comparación entre Estados Unidos y la Unión Europea es muy esclarecedora. El ratio de PIB per cápita entre el Estado más rico y el más pobre en Estados Unidos es de 2 a 1 (excluyendo al Distrito Columbia); mientras que en la UE es de 6,5 a 1. La desigualdad interestatal es mayor en Europa. Pero si hablamos en términos intraestatales las cosas cambian. El coeficiente de Gini (donde 0 es la igualdad absoluta y 1 es la desigualdad absoluta) medio en Europa es de 0,30 frente al 0,45 de media en Estados Unidos. China llega al 0,47. La sociedad americana (como la china) es muy desigual. En Europa ocurre lo contrario. Las sociedades son mucho más igualitarias aunque la convergencia entre sus miembros esté aún más lejos. Esta es, de hecho, la gran tarea que tenemos en el horizonte.
La unión política es la meta, y el proceso de creación de ciudadanía es la manera de conseguirlo
Teniendo en cuenta los niveles de protección social y los sistemas públicos de educación y sanidad y sin saber de antemano en qué posición social les fuera a tocar (una variante reducida del velo de Rawls), ¿dónde preferirían nacer si pudieran elegir?
Europa ha pasado por momentos malos. A principios de los años 80 se hablaba en nuestro continente de “euroesclerosis”. Europa no crecía económicamente y destruía empleo de manera alarmante. Entonces tuvimos la imaginación suficiente para crear el mercado único que sentó las bases para el círculo virtuoso de los años 90. Hoy necesitamos otra dosis de imaginación en la apuesta por la integración y por el libre comercio transatlántico, que podría tener un efecto, en cierto modo, comparable a aquello.
Sin embargo, hoy empieza a hacer mella la desafección por Europa en España y en otros países europeos. Frente a la falsa y creciente sensación de que la Unión Europea actúa contra nosotros es fundamental que nuestro compromiso europeo no se quiebre. Hay muchas razones que explican por qué, pero dos sobresalen en el horizonte inmediato.
En primer lugar, España necesita crecimiento económico urgente y por tanto financiación. Es la única manera de frenar y reducir el desempleo, que sigue siendo el principal drama de nuestro país. Para que la economía crezca son necesarias las reformas, pero también el estímulo económico empleado de manera inteligente y útil. España ni tiene el dinero necesario ni tampoco logra que se lo presten a intereses razonables. Por eso España necesita a Europa. Sea porque el dinero sólo puede llegar de allí o porque sólo ella tiene la capacidad de avalarnos, España no puede desvincularse de su compromiso europeo. No tiene otro recurso.
En segundo lugar, una Europa unida sigue siendo, como lo ha sido durante décadas, nuestra gran esperanza de modernización. Necesitamos a Europa como catalizador reformista para acometer las reformas estructurales bloqueadas por los intereses creados en nuestro país, como ya pasó cuando España tuvo que adaptarse a los estándares europeos para ingresar en la Unión.
Crece también la tentación de mirar hacia Europa buscando chivos expiatorios. Pero no debemos caer en la demagogia. España tiene que asumir la enorme responsabilidad histórica que tiene el momento en el que vivimos. Sin una voluntad clara y colectiva de modernización las soluciones que demandamos a nuestros socios estarán siempre condenadas al fracaso. Para eso se necesita el compromiso de toda la sociedad, incluyendo a sus élites políticas, empresariales y sociales.
Paso a paso se completa una larga travesía que nos ha permitido disfrutar de las cotas más altas de bienestar del mundo
Es indudable que no todas las recetas que nos llegan desde Europa son las ideales. Hay otra manera de hacer las cosas por la que España tiene que luchar unida y convencida del proyecto europeo. Para ello tenemos que ser fuertes dentro de la Unión y volver a recuperar la posición que nunca debimos perder. España lleva demasiado tiempo alejada del núcleo europeo, donde hoy ni está ni se la espera. Es inaceptable. España tiene que volver a ser una referencia en el continente, estar en el centro de decisión y comportarse como un país comprometido, respetable y fiable.
Para volver al lugar que nos corresponde en Europa hay que demostrar lealtad, respeto a los demás y debatir con argumentos serios para formular demandas razonables. España debe plantear sus reivindicaciones siendo consciente de que la base común que nos une es tan amplia que siempre es posible encontrar espacios de acuerdo, alianzas y consensos beneficiosos para todos. Y, sobre todo, debe encontrar una auténtica estrategia europea y abandonar las tácticas cortoplacistas.
España tiene que probar su voluntad reformista para acabar con los desequilibrios macroeconómicos y corregir los problemas estructurales. A cambio, necesitamos ayuda para volver a crecer económicamente en el corto plazo y un periodo de tiempo razonable para cumplir con nuestras obligaciones. Si no, nada de lo anterior será suficiente. Necesitamos también una verdadera y urgente unión económica y fiscal. El proceso está ya en marcha, pero hay que acelerarlo. En los últimos dos años hemos dado pasos antes inimaginables hacia la unión bancaria. El futuro fondo de garantía de depósito común será el embrión de la unión fiscal. De la misma manera que el MEDE es el embrión del prestamista de última instancia que requiere cualquier unión económica de verdad.
España no debería tener miedo a ceder soberanía. La unión política es la meta y el proceso de creación de ciudadanía es la manera de conseguirlo. La Unión debe corregir su diseño institucional para dotarse de legitimidad democrática y evitar que algunos gobiernos nacionales se conviertan en los auténticos centros de decisión. Los ciudadanos perciben que las decisiones que más les afectan se toman por líderes que no han elegido. Eso genera rechazo y desafección. Por eso es urgente recuperar las instituciones europeas como punto de encuentro y consenso y hacerlas verdaderamente representativas. Es la mejor manera de luchar por la Europa que queremos.
El camino de la integración europea parece largo y lento, pero es el único posible si queremos que Europa siga siendo un actor relevante en el mundo, con algo que decir y que aportar. Paso a paso se completa una larga travesía que, no nos olvidemos, nos ha permitido disfrutar de las cotas más altas de bienestar del mundo y de 70 años de paz.
De nosotros depende formar parte del proyecto o quedarnos a un lado. Y, por supuesto, quedarse a un lado es la peor de todas las opciones. Por eso, basta ya de eludir la enorme responsabilidad histórica que tenemos. Abordemos el debate de manera madura y constructiva. Se lo debemos a las generaciones que vienen. A nuestros hijos y a nuestros nietos.
Este momento podrá ser recordado como el revulsivo que necesitaban España y Europa para garantizar la prosperidad futura o como el episodio de más miopía política que se recuerde, germen de muchos otros problemas consecuencia de la falta de acción. Está en nuestras manos.
El reto es ahora. Y la solución sólo puede pasar por Europa.
Javier Solana es presidente de ESADEgeo, el Centro de Geopolítica y Economía Global de ESADE, y colaborador distinguido en la Brookings Institution.
fuentes http://elpais.com/elpais/2013/02/22/opinion/1361557935_358341.html
En este mundo marcado por la interdependencia y el cambio constante juntos somos más fuertes. Europa tiene que conseguir que las oportunidades que ofrece la globalización no se vuelvan en su contra. Si no apostamos por la integración, las sociedades europeas podrían verse superadas por las emergentes en desarrollo tecnológico, capacidad de crear empleo, costes de producción, talento y creatividad.
La Unión Europea sigue siendo el lugar cuya estructura económica y social asegura una mejor calidad de vida. La demanda de una voz europea en el mundo es clara en ese sentido —recordemos a Lula hablando de la UE como patrimonio de la humanidad— porque es garantía de unos valores que representan lo mejor de nosotros mismos. Europa tiene un reconocido y envidiable Estado de bienestar. Es una de nuestras señas de identidad colectiva y uno de nuestros principales motivos de orgullo. Sin esa voz europea el cambio será indudablemente peor.
En términos de igualdad económica, la comparación entre Estados Unidos y la Unión Europea es muy esclarecedora. El ratio de PIB per cápita entre el Estado más rico y el más pobre en Estados Unidos es de 2 a 1 (excluyendo al Distrito Columbia); mientras que en la UE es de 6,5 a 1. La desigualdad interestatal es mayor en Europa. Pero si hablamos en términos intraestatales las cosas cambian. El coeficiente de Gini (donde 0 es la igualdad absoluta y 1 es la desigualdad absoluta) medio en Europa es de 0,30 frente al 0,45 de media en Estados Unidos. China llega al 0,47. La sociedad americana (como la china) es muy desigual. En Europa ocurre lo contrario. Las sociedades son mucho más igualitarias aunque la convergencia entre sus miembros esté aún más lejos. Esta es, de hecho, la gran tarea que tenemos en el horizonte.
La unión política es la meta, y el proceso de creación de ciudadanía es la manera de conseguirlo
Teniendo en cuenta los niveles de protección social y los sistemas públicos de educación y sanidad y sin saber de antemano en qué posición social les fuera a tocar (una variante reducida del velo de Rawls), ¿dónde preferirían nacer si pudieran elegir?
Europa ha pasado por momentos malos. A principios de los años 80 se hablaba en nuestro continente de “euroesclerosis”. Europa no crecía económicamente y destruía empleo de manera alarmante. Entonces tuvimos la imaginación suficiente para crear el mercado único que sentó las bases para el círculo virtuoso de los años 90. Hoy necesitamos otra dosis de imaginación en la apuesta por la integración y por el libre comercio transatlántico, que podría tener un efecto, en cierto modo, comparable a aquello.
Sin embargo, hoy empieza a hacer mella la desafección por Europa en España y en otros países europeos. Frente a la falsa y creciente sensación de que la Unión Europea actúa contra nosotros es fundamental que nuestro compromiso europeo no se quiebre. Hay muchas razones que explican por qué, pero dos sobresalen en el horizonte inmediato.
En primer lugar, España necesita crecimiento económico urgente y por tanto financiación. Es la única manera de frenar y reducir el desempleo, que sigue siendo el principal drama de nuestro país. Para que la economía crezca son necesarias las reformas, pero también el estímulo económico empleado de manera inteligente y útil. España ni tiene el dinero necesario ni tampoco logra que se lo presten a intereses razonables. Por eso España necesita a Europa. Sea porque el dinero sólo puede llegar de allí o porque sólo ella tiene la capacidad de avalarnos, España no puede desvincularse de su compromiso europeo. No tiene otro recurso.
En segundo lugar, una Europa unida sigue siendo, como lo ha sido durante décadas, nuestra gran esperanza de modernización. Necesitamos a Europa como catalizador reformista para acometer las reformas estructurales bloqueadas por los intereses creados en nuestro país, como ya pasó cuando España tuvo que adaptarse a los estándares europeos para ingresar en la Unión.
Crece también la tentación de mirar hacia Europa buscando chivos expiatorios. Pero no debemos caer en la demagogia. España tiene que asumir la enorme responsabilidad histórica que tiene el momento en el que vivimos. Sin una voluntad clara y colectiva de modernización las soluciones que demandamos a nuestros socios estarán siempre condenadas al fracaso. Para eso se necesita el compromiso de toda la sociedad, incluyendo a sus élites políticas, empresariales y sociales.
Paso a paso se completa una larga travesía que nos ha permitido disfrutar de las cotas más altas de bienestar del mundo
Es indudable que no todas las recetas que nos llegan desde Europa son las ideales. Hay otra manera de hacer las cosas por la que España tiene que luchar unida y convencida del proyecto europeo. Para ello tenemos que ser fuertes dentro de la Unión y volver a recuperar la posición que nunca debimos perder. España lleva demasiado tiempo alejada del núcleo europeo, donde hoy ni está ni se la espera. Es inaceptable. España tiene que volver a ser una referencia en el continente, estar en el centro de decisión y comportarse como un país comprometido, respetable y fiable.
Para volver al lugar que nos corresponde en Europa hay que demostrar lealtad, respeto a los demás y debatir con argumentos serios para formular demandas razonables. España debe plantear sus reivindicaciones siendo consciente de que la base común que nos une es tan amplia que siempre es posible encontrar espacios de acuerdo, alianzas y consensos beneficiosos para todos. Y, sobre todo, debe encontrar una auténtica estrategia europea y abandonar las tácticas cortoplacistas.
España tiene que probar su voluntad reformista para acabar con los desequilibrios macroeconómicos y corregir los problemas estructurales. A cambio, necesitamos ayuda para volver a crecer económicamente en el corto plazo y un periodo de tiempo razonable para cumplir con nuestras obligaciones. Si no, nada de lo anterior será suficiente. Necesitamos también una verdadera y urgente unión económica y fiscal. El proceso está ya en marcha, pero hay que acelerarlo. En los últimos dos años hemos dado pasos antes inimaginables hacia la unión bancaria. El futuro fondo de garantía de depósito común será el embrión de la unión fiscal. De la misma manera que el MEDE es el embrión del prestamista de última instancia que requiere cualquier unión económica de verdad.
España no debería tener miedo a ceder soberanía. La unión política es la meta y el proceso de creación de ciudadanía es la manera de conseguirlo. La Unión debe corregir su diseño institucional para dotarse de legitimidad democrática y evitar que algunos gobiernos nacionales se conviertan en los auténticos centros de decisión. Los ciudadanos perciben que las decisiones que más les afectan se toman por líderes que no han elegido. Eso genera rechazo y desafección. Por eso es urgente recuperar las instituciones europeas como punto de encuentro y consenso y hacerlas verdaderamente representativas. Es la mejor manera de luchar por la Europa que queremos.
El camino de la integración europea parece largo y lento, pero es el único posible si queremos que Europa siga siendo un actor relevante en el mundo, con algo que decir y que aportar. Paso a paso se completa una larga travesía que, no nos olvidemos, nos ha permitido disfrutar de las cotas más altas de bienestar del mundo y de 70 años de paz.
De nosotros depende formar parte del proyecto o quedarnos a un lado. Y, por supuesto, quedarse a un lado es la peor de todas las opciones. Por eso, basta ya de eludir la enorme responsabilidad histórica que tenemos. Abordemos el debate de manera madura y constructiva. Se lo debemos a las generaciones que vienen. A nuestros hijos y a nuestros nietos.
Este momento podrá ser recordado como el revulsivo que necesitaban España y Europa para garantizar la prosperidad futura o como el episodio de más miopía política que se recuerde, germen de muchos otros problemas consecuencia de la falta de acción. Está en nuestras manos.
El reto es ahora. Y la solución sólo puede pasar por Europa.
Javier Solana es presidente de ESADEgeo, el Centro de Geopolítica y Economía Global de ESADE, y colaborador distinguido en la Brookings Institution.
fuentes http://elpais.com/elpais/2013/02/22/opinion/1361557935_358341.html
domingo, 24 de febrero de 2013
Como la nieve bajo el sol
Rajoy no dijo palabra sobre el riesgo de que un euro fuerte “derrita” todos nuestros sacrificios
Nos enteramos por la señora Merkel de que los españoles estamos muy preocupados porque el mantenimiento de un euro fuerte (entre 1,30 y 1,40 dólares) “puede derretir como la nieve bajo el sol” todos nuestros sacrificios. Aun así, a la canciller alemana le parece que ese tipo de cambio es razonable y que su propio país lo puede sobrellevar perfectamente. Por lo que se ve, las exportaciones alemanas no dependen tanto como las españolas de las oscilaciones en el precio de la moneda única.
Merkel habló en el acto del 50º aniversario del Consejo Asesor de Economía del Gobierno alemán. Ese mismo día, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, habló en el Congreso sobre el estado de la nación y sobre los resultados de la última cumbre de la Unión Europea. Rajoy se mostró encantado por la marcha de las cosas para España dentro de la UE y por los acuerdos para los presupuestos comunitarios 2014-2020. “Nos ha costado mucho, se lo digo con franqueza, hemos tenido que trabajar y negociar duramente; pero, al final, podemos decir que este es un buen resultado para España”. Ni palabra sobre nuestra angustia por una excesiva fortaleza del euro que puede hacer inútil tanto sacrificio. Treinta y seis horas sin dormir impiden escuchar bien a la señora Merkel.
El presidente se mostró satisfecho con varias cosas. La primera de todas, dijo, porque se ha creado un fondo para impulsar el empleo juvenil, del que a España le corresponderán 900 millones de euros. Se olvidó explicar que como es un fondo a siete años, la UE facilitará a España unos 130 millones de euros cada ejercicio para ayudar a combatir el desempleo del 55% de los jóvenes que quieren trabajar y no pueden. Para hacernos una idea, esos 130 millones suponen la cuarta parte del presupuesto anual del Real Madrid.
Está muy bien que el presidente del Gobierno esté satisfecho. Su colega alemana, también: “Alemania ha alcanzado todos sus objetivos en la cumbre”, dijo ante su Parlamento. “Queríamos reducir el presupuesto en 960.000 millones de euros y lo hemos logrado. Nuestra principal concesión ha sido que el dinero que ya estaba en la UE de ejercicios anteriores, pero que no había sido gastado, no vaya de vuelta a los países de origen”. Es una alegría saber que estamos contentos.
El debate hubiera sido una buena ocasión para que cada uno dejara clara su posición respecto a unos cuantos problemas europeos
Es posible que el Parlamento Europeo no lo esté tanto. Esa institución, en la que nadie se fija, pero que cada día más es el único lugar donde se defienden los intereses del conjunto de los ciudadanos de la UE, está dando estos días una batalla importante. Británicos y parte de los alemanes luchan para evitar que los presupuestos se sometan a votación secreta (¡ellos, que tanto la defienden cuando se trata de asuntos sindicales!). Temen que si los eurodiputados pueden votar en conciencia, los presupuestos sean rechazados.
Una pregunta: ¿qué van a hacer los eurodiputados del PP? ¿Pedirán votación secreta? ¿Apoyarán a los diputados de otros países del sur, igualmente críticos con esos “estupendos” presupuestos? ¿O se unirán a los británicos y alemanes? ¿Y los eurodiputados socialistas? ¿Cómo piensan votar? El debate hubiera sido una buena ocasión para que cada uno dejara clara su posición respecto a unos cuantos problemas europeos, incluido este. Pero nadie quiso llevar el debate por ahí. El líder socialista, Pérez Rubalcaba, fue el único que llamó la atención sobre la cada vez mayor fractura entre países del norte y del sur, pero sin mayores precisiones.
Rajoy, que ha dicho mil veces que su Gobierno ha tenido que aplicar las políticas de ajuste que reclamaba la UE, intentó, por primera vez, mostrar su agradecimiento: “Cuando en España algunos hablan de la Unión Europea como una especie de madrastra que nos impone recortes, conviene recordar que la parte dañada del sistema financiero español ha recibido del Mecanismo Europeo de Estabilidad 40.000 millones de euros en créditos al 0,5%”. Cierto, sin esa intervención, que trajo hombres de negro al Banco de España, el sistema financiero tendría la cabeza bajo el agua. Debemos estar agradecidos, pero tampoco conviene olvidar que ese dinero lo vamos a pagar los españoles, euro a euro.
solg@elpais.es
fuentes http://elpais.com/elpais
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